Siete candidatos que concurrían a las elecciones del pasado domingo tienen alguna causa judicial abierta en los juzgados de Sevilla, sobre todo por delitos urbanísticos relacionados con su condición de alcaldes o ex alcaldes de estas localidades. La suerte que han corrido en las urnas es dispar, pero cuatro de estos alcaldables han perdido algún edil en los comicios con respecto a los concejales que disponían hace cuatro años. Los otros tres candidatos no han sufrido el desgaste por su imputación judicial, ya que han revalidado o incluso logrado una mayoría absoluta en sus respectivos municipios.

Uno de los candidatos que se ha visto más salpicado por su imputación en varias causas judiciales en los últimos meses es el ex alcalde de La Algaba José Luis Vega. De hecho, un mes antes de las elecciones, la Fiscalía de Sevilla presentó un escrito de acusación en el que ha solicitado una condena de ocho años de inhabilitación para Vega por presunta prevaricación, por haber ordenado a unos operarios municipales la colocación del toldo de una cafetería que no tenía autorización.

El ex alcalde La Algaba, que en las elecciones de 2007 había logrado ocho ediles que le permitieron gobernar en coalición con el PP hasta 2009 -cuando perdió la Alcaldía por una moción de censura del PSOE-, ha visto cómo los socialistas han logrado una mayoría absoluta con nueve capitulares. Vega ha perdido un edil y continuará en la oposición.

La alcaldesa de Villanueva del Río y Minas, María José Cervantes (PSOE), que está procesada por cuatro delitos contra la ordenación del territorio, también ha sufrido un varapalo en las elecciones, al perder dos de los siete ediles que tenía hace cuatros años, con los que gobernaba con mayoría absoluta. El PA ha obtenido seis ediles y podría gobernar en coalición si suma un concejal del PP o de la formación denominada AEVI.

María José Cervantes está procesada por haber otorgado supuestamente licencias ilegales para construir en suelo rústico y se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 16 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación para cargo público.

Otro alcalde que ha perdido la mayoría absoluta cosechada en 2007 es el de Gerena, Jacinto Pereira (PSOE), que ha visto reducido su número de concejales de siete a seis, aunque sigue siendo la fuerza más votada en la localidad. La Fiscalía de Sevilla ha pedido para Pereira una condena de ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, por haber concedido una licencia de obra supuestamente ilegal.

Jacinto Pereira tiene otra causa judicial abierta, relacionada con la autorización para la construcción de una nave en una zona catalogada como verde.

El desgaste por su implicación en procesos judiciales también ha pasado factura al ex alcalde de El Coronil y candidato de IU, José Antonio Núñez. En 2007, su formación empató a seis concejales con el PSOE, pero en los comicios del pasado domingo ha perdido uno de los ediles, y los socialistas -con ocho capitulares- gobernarán con mayoría absoluta. La Fiscalía de Sevilla ha pedido una condena de 24 meses de inhabilitación para José Antonio Núñez por no haber respondido a más de 140 peticiones de información de la oposición relativas a las contrataciones, contabilidad o gastos del Ayuntamiento.

El ex alcalde de El Coronil también ha sido citado a declarar como imputado en relación con la venta de 52 parcelas municipales en contra de los informes de los técnicos municipales.

Pero no todos los candidatos con procesos abiertos se han visto perjudicados en las urnas. Los alcaldes socialistas de Aguadulce, El Madroño y Lora de Estepa han visto cómo mantienen o logran mayorías absolutas pese a las citaciones judiciales.

La ex alcaldesa de Aguadulce, Isabel Ortiz, ha logrado seis de los once concejales en liza, uno más de los que su formación disponía en las elecciones de 2007, por lo que se ha hecho con la mayoría absoluta. La Fiscalía pidió una condena de nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación para Isabel Ortiz por una licencia supuestamente ilegal.

En El Madroño, la actual regidora socialista, María Josefa Rubiano, que se enfrenta a 18 meses de cárcel y ocho años y medio de inhabilitación por presunta prevaricación urbanística, ha perdido un edil pero mantiene la mayoría absoluta con cuatro concejales.

Por último, Salvador Guerrero, alcalde de Lora de Estepa, ha perdido dos de los seis ediles que tenía en 2007, pero seguirá gobernando con mayoría absoluta -el PA tiene tres ediles-. Guerrero tiene varias causas abiertas por delitos urbanísticos que están actualmente en investigación.