LAS elecciones municipales que hoy se celebran en Sevilla, en las que se elige al nuevo alcalde de la ciudad hasta 2015, suponen el comienzo de una nueva etapa política que con toda seguridad será mucho más pedestre que la anterior y estará centrada casi por completo en las cuestiones básicas. De intendencia interna. La situación económica general y la salud financiera del Consistorio, en particular, no auguran un próximo mandato centrado en grandes iniciativas ni en ambiciosos proyectos de transformación urbana, sino marcado más bien por la imperiosa necesidad de acometer una política de supervivencia.

El regidor electo, sea quien sea, y cuya designación formal no se producirá hasta el Pleno de constitución de la nueva corporación municipal, en junio, empezará a dirigir la ciudad con un presupuesto aprobado por su antecesor (Monteseirín), cuya vigencia no expira hasta diciembre, y con el reto de tener que hacer frente a todos los problemas de funcionamiento heredados de la última etapa de gobierno. La austeridad se convertirá en una máxima de la política municipal, aunque no tanto por elección, sino por obligación. Los números mandan.

El primer asunto será manejar la deuda del Ayuntamiento. Oficialmente, aunque este aspecto será objeto de polémica política, pues el PP ha anunciado que, en caso de ganar, encargará una auditoría externa para cotejar los números oficiales con los reales, suma 631 millones de euros. Es inferior a la existente en otras grandes urbes de España pero, dado el tamaño y las necesidades de Sevilla, constituye el principal lastre para poder gobernar la ciudad.

Mientras la actividad económica continúe bajo mínimos y el paro en ascenso, las cuentas municipales seguirán sufriendo un notable descenso de ingresos (tanto los propios como las transferencias procedentes de otras administraciones) mientras los gastos (sociales y operativos) aumentan. El margen de acción es más que limitado: el Gobierno central ha fijado un tope al nivel de endeudamiento municipal -para cumplir los objetivos de contrll del déficit- y el pacto local alcanzado en el ámbito autonómico no termina de arrancar a efectos económicos, lo que implica que el nuevo alcalde tendrá que empezar a decidir con una mano -la de las finanzas- atada a la espalda.

La legislación permite acometer determinadas modificaciones presupuestarias (sobre las cuentas heredadas) pero hasta finales de año el próximo ejecutivo local no tendrá plena libertad para cambiar las prioridades de gasto e inversión. Más las primeras que las segundas. La situación es delicada porque, una vez evaluada la coyuntura, la primera decisión económica del futuro regidor será la política fiscal. En otoño hay que empezar a preparar las nuevas ordenanzas tributarias y, probablemente, a tomar las primeras decisiones impopulares: subida de impuestos, tasas y precios públicos. Zoido ha prometido que bajará los impuestos (aunque esta promesa no podrá cumplirse, en caso de hacerlo, hasta 2012), pero para ello antes tiene que abordar un plan de saneamiento que permita reorientar la política municipal sin quebrar la frágil situación actual. Los socialistas han anunciado una notable reducción del gasto corriente, como primera medida, para conseguir recursos extraordinarios con los que financiar un plan de choque para familias que no reciben ingresos tras consumir el paro. El dinero será finalista. La contrapartida: la ejecución de obras de mejora en las barriadas.

Con independencia de la orientación económica concreta que decida el político que resulte elegido alcalde, la segunda gran tarea a la que tendrá que enfrentarse es la situación de la empresas públicas. Agrupadas en la corporación DeSevilla, las sociedades mercantiles que dependen del Consistorio se encuentran, en líneas generales, en una situación calamitosa. Este factor, en caso de no atajarse a tiempo, puede provocar un recorte o suspensión de los servicios que actualmente prestan a los ciudadanos.

La única que, oficialmente al menos (las auditorías deben confirmar o desmentir este hecho), está en una situación algo mejor es Emasesa, la empresa de aguas. El resto tienen problemas financieros o una deuda creciente que pone en riesgo su actividad. La peor es Tussam, la empresa municipal de transportes, que gestiona los autobuses y el tranvía. Se encuentra en quiebra técnica, sostenida únicamente por las aportaciones que a su favor realiza todos los años la tesorería municipal. Lipasam (limpieza) está inmersa en un proceso de saneamiento. Emvisesa, en mejor situación que las dos anteriores, tiene notables obligaciones financieras derivadas de la decisión de que, además de viviendas de protección oficial y locales comerciales, asumiera la construcción de equipamientos urbanos que no le correspondían. Sevilla Global, la agencia de promoción económica, gasta más en personal que en políticas en favor del empleo. Mercasevilla no está mejor. Y Giralda TV tiene un déficit espectacular para su escaso tiempo de funcionamiento. Su inmensa deuda, fruto de una gestión nefasta, ha provocado ya la suspensión de programas. Tanto PSOE como PP han garantizado su supervivencia, aunque su futuro régimen de gestión aún es un misterio. Los cambios en la dirección de las sociedades municipales se dan por descontados con independencia de qué partido político llegue al final a la Alcaldía

Junto al capítulo económico, la reforma institucional del Ayuntamiento será otro caballo de batalla. El Consistorio cambiará de forma profunda. La coyuntura económica obliga a hacerlo con independencia de la convicción mostrada por los dos principales candidatos para reorientar la política local hacia los distritos. Las fórmulas aún están por definir del todo, pero es evidente que si las embajadas territoriales del Ayuntamiento en los barrios van a ganar peso esto implica un trasvase de presupuestos y de funcionarios. Una cuestión que deberá negociarse con los sindicatos. El empleo, la gran promesa de la campaña, es el capítulo más nebuloso de la nueva agenda política. El Ayuntamiento apenas cuenta con otra competencia real que no sea impartir programas de formación para el empleo en los barrios, además de dar facilidades a los inversores privados, si es que éstos vienen a Sevilla.

Precisamente los grandes proyectos dependerán de capital ajeno a lo público en materias como aparcamientos, transporte o urbanismo. El Metro, cuya red integral está ahora mismo en pleno diseño, pero sin los fondos que garantizan el inicio de las obras, será a buen seguro un frente de controversia. Espadas quiere llevarlo a los barrios más poblados; el PP reivindica un modelo nuevo totalmente subterráneo y más caro. Un posible pretexto, junto a otros, para confrontar con la Junta. Hay elecciones autonómicas dentro de un año.