Economía

Las elecciones andaluzas y el Estado autonómico

  • La financiación autonómica será un arma habitual en la campaña del 2-D

  • La diferencia por habitante entre comunidades del régimen común es del 50% y se duplica con las forales

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El debate sobre la reforma de la Constitución tendrá, con toda probabilidad, un papel secundario en la campaña electoral andaluza, pero es casi seguro que la financiación autonómica, una pieza central del futuro modelo territorial del Estado, será arma habitual en la contienda. Discutiremos, por tanto, sobre el instrumento sin conocer el objetivo, es decir, el tipo de país a cuya construcción debe contribuir, lo que garantiza que se mantendrá la confusión habitual sobre el tema y también un nuevo impulso a la desafección política del ciudadano. La complejidad técnica del tema reserva a los especialistas la comprensión de sus interioridades y provoca el distanciamiento de la sociedad civil, que suele aceptar la invitación de sus representantes políticos a confiar en sus capacidades para encontrar la mejor solución al problema.

Siempre quedarán las dudas sobre si el distanciamiento ciudadano de los temas complejos es una cuestión de pedagogía o de corporativismo entre políticos que, una vez consultado el ciudadano sobre sus preferencias de gobierno, se reserva el derecho a componer las mayorías como mejor les convenga, a veces incluso con importantes déficits se transparencia. No entramos en la problemática de la representatividad política, propio de modelos de agencia, pero convendría considerar si en materia de relaciones entre comunidades autónomas y entre estas y el Estado, las primeras deberían tener tanto en las decisiones como, al menos, los partidos políticos. Lo razonable sería que la discusión y aprobación del futuro sistema de financiación autonómica tuviese lugar en el Senado, cuya inoperancia en la práctica se explica por la oposición de nacionalistas vascos y catalanes a parlamentar en igualdad de condiciones con otros territorios y puede que también por el temor de los partidos a posibles impulsos territoriales no controlados.

La igualdad es, precisamente, el elemento clave del modelo territorial que probablemente comenzará a revisarse en breve, aunque la primera oportunidad para la confrontación de posiciones aparecerá con el debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómico. De hecho, es muy probable que uno de los temas centrales de discusión en el seno de la opaca comisión bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat catalana esté siendo la conciliación entre el concepto de igualdad que establece la Constitución, las tradicionales demandas catalanas de privilegios fiscales y el impreciso concepto de federalismo asimétrico que en su momento apadrinó el presidente del Gobierno.

El federalismo es, en sí mismo, un concepto impreciso que, en el caso concreto de España, se interpreta con tanta diversidad que puede afirmarse que cada partido político tiene su propia propuesta federal. Cada una de ellas con su particular combinación de delegación de poderes en el organismo superior, en el que descansa la soberanía, de autonomía política entre los territorios que lo integran y de participación en los asuntos de estado. Esta tercera pieza, la participación en las decisiones propias del conjunto, está en la esencia del federalismo y me atrevo a considerar que también es el principal elemento diferenciador entre el federalismo convencional y el sistema autonómico español. Esto quiere decir que la principal implicación de una hipotética transición desde el Estado autonómico hacia otro de corte federal será el establecimiento de mecanismos para la participación de las comunidades en los asuntos de ámbito estatal. Desconozco si la superación de los obstáculos que impiden el funcionamiento del Senado como Cámara legislativa de representación de los territorios estará en la mente de los promotores de la reforma constitucional, pero parece evidente que el marco de discusión entre el Estado y las comunidades no pueden ser las comisiones bilaterales, sobre todo cuando los acuerdos alcanzados en algunas de ellas se levantan como obstáculos insuperables para las expectativas de las demás.

Es en ocasiones como esta cuando el concepto de igualdad vuelve al primer plano de la discusión política. La Constitución (138.2) prohíbe explícitamente privilegios sociales o económicos derivados de la redacción de los estatutos de autonomía y proclama la igualdad de derechos y obligaciones. La Lofca (artículo 2) se ratifica en estos principios, pero los sucesivos acuerdos de financiación autonómica han terminado por ignorarlos, dando lugar a resultados arbitrarios incomprensibles en términos de solidaridad y justicia social. La diferencia en financiación por habitante entre las comunidades de régimen común se sitúa en torno al 50% y se duplica si se tienen en cuenta a las forales, con Andalucía entre las más perjudicadas.

Nuestros representantes políticos se enfrentan al dilema de elegir entre la lealtad al partido que le ha colocado en sus listas o a sus votantes. En cada territorio se resuelve el conflicto de manera diferente y en el caso de Andalucía lo habitual ha sido, hasta ahora, la prevalencia de la lealtad al partido. No sabemos si entre los muñidores de la futura estructura territorial del Estado habrá representantes políticos de los andaluces, aunque no se advierten movimientos destacados al respecto y mucho menos iniciativas de coordinación entre miembros de diferentes partidos para el establecimiento de acuerdos de base. Mi impresión es que una vez más nuestros representantes intentarán organizar el debate en torno a la falacia de cuanto aumentan o disminuyen los recursos de la administración pública andaluza, ignorando que lo verdaderamente importante es como contribuye el sistema al aumento o a la reducción de la desigualdad. En otras palabras, si nos conformamos con permanecer en el furgón de cola de las comunidades autónomas, en el que llevamos 40 años.

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