Operación crucero De la trama de Marsans a las bodegas de Jerez

Los 'cabos' sueltos de Nueva Rumasa

  • Son muchas las similitudes entre el ex imperio de Ruiz-Mateos y Marsans, bajo el mando de De Cabo · El concurso pudo impedir la 'limpia' de las bodegas

Un halo de misterio rodeó la venta en septiembre de 2011 de Nueva Rumasa al empresario valenciano Ángel de Cabo, en prisión preventiva bajo fianza de 50 millones de euros -la mayor hasta la fecha en la historia judicial española- como supuesto cabecilla de la trama para vaciar Marsans.

De Cabo y compañía, en la que figura su mano derecha y director general de Nueva Rumasa Iván Losada, igualmente entre rejas bajo fianza de 30 millones de euros -la misma cantidad impuesta por el juez al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán detenido como los anteriores en el curso de la operación Crucero y acusado de los delitos de alzamiento de bienes y evasión de capitales, entre otros-, apenas revelaron detalles de la operación sellada con la familia Ruiz-Mateos, a la que compraron a través de Back in Business del orden de 75 sociedades del entramado de Nueva Rumasa por el precio simbólico de un euro la acción.

La investigación policial de la operación Crucero viene a confirmar la fama de experto en liquidaciones que, por su gestión en Marsans, precedía al fontanero valenciano reconvertido en tiburón financiero pese a sus promesas de reflotar la división bodeguera del ex imperio de los Ruiz-Mateos.

Mucha palabrería vacía de contenido, señalan fuentes jurídicas y sindicales conocedoras del proceso, las mismas que en reiteradas ocasiones alertaron del farol tras el aterrizaje de los hombres de De Cabo en Jerez para hacerse cargo de las bodegas. Es más, los responsables de Back in Business no ocultaron en la presentación de sus planes para el Grupo Garvey que el futuro de la compañía pasaba por el despido de la mitad de la plantilla y la venta de los activos de las bodegas para la supuesta concentración de la actividad en la viña Cerro Viejo, en las afueras de Jerez. "No hay nada intocable, todo va en el mismo cesto", manifestó el director de la división de Bebidas, Fernando Lavernia, en la única comparecencia pública de los nuevos propietarios de Nueva Rumasa hasta la fecha.

Era negar la evidencia, pues las similitudes entre el modus operandi en Marsans y en Nueva Rumasa son evidentes, tanto en el precio simbólico que se pagó por la compra como en otros muchos detalles que se han ido conociendo en el curso de las investigaciones judiciales en curso.

Algunos de los que han seguido de cerca el desembarco de De Cabo en Garvey-Jerez, entre ellos ex trabajadores de las bodegas, aseguran que la operación de compra-venta entre los Ruiz-Mateos y De Cabo fue un paripé, una tapadera bajo la que se escondía un supuesto acuerdo secreto para el reparto de los beneficios de la liquidación de los activos de Nueva Rumasa como el destapado en Marsans.

Según esta hipótesis, recogida en la investigación policial de la presunta estafa de los pagarés de Nueva Rumasa que instruye la Audiencia Nacional y a la que aludió por primera vez en público el ex abogado de la familia Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, la familia jerezana se llevaría el 80% de las ganancias y el empresario valenciano se quedaría con el 20% restante.

Distintos medios de comunicación se han hecho eco de mensajes interceptados a varios miembros de la familia Ruiz-Mateos en los que uno de los hijos del fundador de Nueva Rumasa pide absoluta discreción a sus hermanos en torno al supuesto acuerdo secreto, al que incluso se referían como el del 80-20. Otra de las hijas del empresario jerezano, Begoña Ruiz-Mateos, también alude al acuerdo en la querella contra sus hermanos y Ángel de Cabo, a los que acusa de estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes, manipulación para alterar el precio de las cosas, administración desleal, insolvencia punible, blanqueo de capitales... Todo ello en relación con la compra-venta de Nueva Rumasa.

Testigos en la causa de la estafa de los pagarés también declararon en su día que Ángel de Cabo seguía pagando sueldos al patriarca de los Ruiz-Mateos y sus hijos varones, e incluso se hacía cargo de las hipotecas de algunas de sus viviendas particulares, denuncia que enlaza con el contenido del auto de prisión del ex presidente de la CEOE, en el que se desvela que Díaz Ferrán había estado cobrando 100.000 euros mensuales de De Cabo desde el año 2010.

Y mientras los trabajadores de las bodegas se aprietan el cinturón, habiendo relegado en alguna ocasión el cobro de los salarios a la compra de materia prima para poder atender los pedidos de vino, desde los sindicatos sospechan que los nuevos propietarios de Nueva Rumasa siguen cobrando sueldos disparatados a pesar de la situación económica de las empresas y de los concursos de acreedores. En el caso de Marsans, la empresa no tenía dinero para pagar las nóminas de la plantilla tras la venta, pero De Cabo le puso un sueldo a su primer lugarteniente, Iván Losada, de medio millón de euros brutos anuales.

Las fuentes jurídicas consultadas por este medio señalan, sin embargo, que el empresario valenciano y sus hombres de confianza cometieron un error de bulto en la compra de Nueva Rumasa, ya que la declaración previa de los concursos de acreedores, entre ellos los de las bodegas jerezanas, ató de pies y manos a los nuevos propietarios, impidiéndoles actuar con libertad.

Mientras en Marsans tuvieron tiempo de hacer y deshacer a su antojo antes de solicitar el concurso, en las bodegas los administradores concursales supervisaron desde el minuto uno cada movimiento de Back in Business, a la que, además, se terminó por apartar de la gestión y la administración de las empresas. La decisión del juzgado de lo Mercantil de Cádiz fue un golpe de gracia para De Cabo, mero espectador desde entonces de las decisiones que deben adoptar los administradores concursales, centrados en garantizar el pago a los acreedores y, a ser posible, el mantenimiento de la actividad.

Según un abogado implicado en el proceso, el futuro de Garvey pasa ineludiblemente por la fusión de sus dos principales bodegas -Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz-Mateos, ya que Valdivia está en fase de liquidación y Teresa Rivero ha vuelto a manos de la cooperativa de La Caridad- y su traslado a unas nuevas instalaciones para la venta de los activos con los que hacer frente al pago de la deuda a los acreedores.

Otras fuentes consultadas por este medio creen que el otro gran error de De Cabo fue subestimar a Ruiz-Mateos, si es que no forma parte de la treta el hecho de no incluir en la operación las marcas de los vinos, el principal activo de las bodegas, en manos aún de la familia jerezana.

El propietario de Nueva Rumasa y Marsans, Ángel de Cabo, cumple entre tanto sus primeros días entre rejas. Lo abultado de las fianzas impuestas por el juez de la Audiencia Eloy Velasco a los detenidos en la operación Crucero es señal de la envergadura de los delitos supuestamente cometidos y que la Justicia se encargará de resolver.

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