En una gran parte, el tejido económico andaluz y español están sostenidos por un mecanismo de respiración asistida: ERTE, ayudas a autónomos, moratorias de alquileres e hipotecas, etc. Por eso, en el mundo jurídico tienen claro que, "cuando se retiren los múltiples paraguas, vendrá la avalancha" de concursos de acreedores, en palabras de José Sánchez Medina, responsable en Andalucía, como vocal, de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac).

Sánchez Medina prevé que en esa avalancha lleguen dos tipos de concursos. "Por un lado -dice- ahora mismo hay una gran cantidad de negocios cerrados, que tienen deudas y no pueden abrir. Son empresas en estado de defunción, zombis, y no hay activo liquidar". Se acogen al llamado concurso exprés, en el que, simplemente, se liquida a la firma, sin más. El otro caso es más complejo: "Van a aumentar bastante las empresas en concurso teóricamente viables. Son las que han podido sobrevivir gracias a los ERTE, ya que el gasto de personal es siempre el principal. Cuando este mecanismo se acabe, tendrán que readmitir a todo el personal de golpe y despedir a parte de él. Pero no podrán pagar las indemnizaciones y tendrán que ir a concurso".

El vocal de la asociación de administradores concursales pone un ejemplo: "Imagina un hotel que tiene un ERTE, y que está cerrado o con mínimo rendimiento. Si todo personal se tiene incorporar y no tengo nivel ocupación de antes de los ERTE no será capaz de generar tesorería para pagar a los empleados y tendrá que despedir. Pero tampoco podrá pagar las indemnizaciones y se tendrá que hacer cargo el Fogasa".

Hasta ahora, la situación está muy contenida, no sólo por el paraguas social, sino porque el Gobierno ha eximido de presentar concurso voluntario hasta el 31 de diciembre y ha impedido el concurso forzoso instado por los acreedores. Además, la ralentización de los juzgados ha llevado a que no se declaren concursos y sólo se tramiten los casos urgentes.

"Las empresas tienen que evaluarse y solicitar el concurso si es necesario, aunque no sea obligatorio ahora"

Es ahora, sin llegar a avalancha, cuando viene el goteo ascendente, tras unos meses en los que los concursos han bajado, afirma Sánchez Medina, que avisa de que la dispensa del Gobierno a las empresas puede llegar a ser perjudicial. "Si la firma alarga la situación en la que está para no entrar en concurso está echando más agua encima de su cabeza. Cuando termine la moratoria no podrán salvarse porque la situación ha ido a peor. Las empresas tienen que evaluarse y solicitar el concurso si lo ven necesario aunque no sea obligatorio. Socialmente estamos acostumbrados a dejarlo todo para el final y no queremos el estigma del concurso", dice Sánchez Medina, que insiste en que este mecanismo "es un beneficio que se le da al deudor para salvar su empresa".

La difícil situación de los administradores concursales

Aparte de en la evolución de los concursos, Sánchez Medina incide en el desamparo legal en el que se encuentran los administradores concursales. El texto refundido de la ley concursal, que entró en vigor el 1 de septiembre y que unifica criterios de una normativa muy dispersa, "no recoge un estatuto del administrador concursal, con funciones, retribución, responsabilidades, a pesar de que en la normativa se dice que se debe dejar para un desarrollo reglamentario posterior".

La asociación pide, sobre todo, un grado de especialización en la actividad que ahora no existe. Cualquier abogado o economista con cinco años de colegiación puede apuntarse en una lista y ser elegido (aleatoriamente o por el juez) para ser administrador. Hay unos 10.000 en toda España, por lo que cada uno hace solo "un concurso o dos cada año". "Eso no es rentable, es antieconómico. Existe el mito de que somos millonarios. Pero lo cierto es que en los últimos años el 50% ha trabajado sin cobrar, y hace falta personal trabajando, desplazamientos, etc.". Recordemos que el administrador cobra un arancel en función del activo y el pasivo de la empresa que administra, "aunque muchas veces tiene una retribución de diez y no cobra nada".

"Existe el mito de que somos millonarios pero en los últimos años el 50% ha trabajado sin cobrar"

La solución para este problema -que afecta también a la agilidad del funcionamiento de los juzgados- es, según Sánchez Medina, una mayor especialización, que implica un menor número de administradores con equipos multidisciplinares adecuados. En la situación actual, con apenas ingresos, afirma, es imposible mantener una oficina.

Sánchez Medina se rebela contra la mala prensa del colectivo y reivindica una función social, "semipública", que permite "salvar empresas, deudores y acreedores, cuidar el tejido productivo y aligerar de trabajo al juzgado". Por eso pide una mayor consideración hacia una profesión que va a cobrar más protagonismo cuando se apruebe, antes de junio de 2021, la trannsposición de la directiva europea de concursos, que prevé la figura de un mediador-árbitro en el preconcurso. "Se debería haber aprobado en este trimestre junto con el texto refundido, sobre todo para dar más seguridad jurídica a las empresas", afirma Sánchez Medina.