El primer Gobierno de Rajoy se caracterizó por una notable actividad reformadora, que en la mayoría de los casos resultó fallida. Recordemos los casos de Gallardón en Justicia, de Wert en Educación, de Matos en Sanidad o de Soria en Energía. Para la izquierda, también la reforma laboral de Báñez ha resultado fallida, al menos en términos cualitativos, dado el acusado contraste entre las cifras de creación de empleo y la calidad del mismo, así como su impacto en el aumento de la desigualdad. Por su parte, en el errático departamento del ministro Montoro han sido diversas las iniciativas que han terminado en fracaso. Comenzó con aquella polémica amnistía fiscal que, a pesar de su opacidad, se sabe que consiguió convocar a corruptos, delincuentes y defraudadores; continuó con una reforma fiscal que también acabó contribuyendo al aumento de la desigualdad y ralentizando el proceso de corrección del déficit; y todavía no ha encontrado la fórmula para sacar adelante la reforma de la financiación de las comunidades autónomas, de la que ya se cumplen tres años de retraso, o para completar la reforma de las administraciones públicas, todavía pendiente de resolver el espinoso problema de las diputaciones provinciales.

El frenesí reformador se vino abajo con las elecciones de 2015, decepcionantes para el partido en el Gobierno, que confiaba en que el buen tono general de la economía facilitaría la renovación de la mayoría. Subestimaron, sin duda, la factura política del aumento de la desigualdad. Que crezca la economía y aumente la desigualdad solo es posible si la parte del crecimiento que va a parar al bolsillo de los ricos es mayor, en proporción, a la que llega al de los pobres. Los partidos de la oposición creyeron entenderlo y levantaron toda una estrategia electoral basada en la promesa de cambios en la política económica del gobierno, cuya fórmula para abandonar la crisis marginaba a las clases más modestas. Durante la campaña todo parecía indicar que en el Partido Popular habían tomado nota, pero la incertidumbre política que se instaló en el país tras la renuncia de Rajoy a la primera investidura y el posterior fracaso del intento de Sánchez, dio lugar a un largo periodo de inestabilidad en el que se practicó todo tipo de pactos para intentar tomar las riendas.

El atasco se resolvió en agosto de 2016 con el acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos, sobre la base de "150 compromisos para mejorar España" y otros apoyos de fuerzas minoritarias. La impresión general es que se retomaba el impulso reformador de cinco años antes y que se aceptaban algunos peajes puntuales, que habría que pagar a en algún momento de la legislatura. El programa reformador no ha sido, finalmente, tan intenso como se preveía. Según Ciudadanos, apenas un 20% del mismo se había cumplido durante el primer año de vigencia, aunque en el PP elevan el porcentaje al doble, considerando las iniciativas que ya están en marcha. En relación con los peajes por los apoyos de investidura de PNV y Coalición Canaria, la primera oportunidad se presentó durante el debate parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

El peaje canario se resolvió con una fórmula previsible en forma de compromisos de inversión en infraestructuras, pero el apoyo vasco obligó a aceptar que en la revisión de la Ley de Cupo Vasco se incluyese una cláusula sorprendente. Las diferencias entre ambas administraciones habían paralizado la renovación de la Ley de 2007, que tendría que hacerse cada cinco años, pero el problema quedó resuelto de forma repentina cuando el Gobierno de Rajoy admitió que se había equivocado al estimar que el Gobierno Vasco tenía que entregar 1.600 millones al Estado por el nuevo Cupo. Ahora no solamente estaba dispuesto a conformarse con 200, sino que además aceptaba devolver en los cuatro años siguientes los 1.400 cobrados de más en los anteriores. En el acuerdo de rebajas también se incluyó una reducción futura del cupo en 300 millones, lo que provocó el estallido de algunas comunidades, denunciando el contraste entre la sobrefinanciación que disfrutan en el País Vasco y Navarra las estrecheces del resto. La reacción en las cúpulas de los diferentes partidos nacionales ha sido inmediata y uniforme, salvo en Ciudadanos. Todos remiten a la constitucionalidad de los sistemas forales y rechazan cualquier posibilidad de discusión sobre su reforma, a pesar de que los datos son contundentes al mostrar que proporcionan a vascos y navarros entre un 40 y un 60% más de financiación que al español medio y de la coincidencia de los expertos en el tema sobre el atropello moral que supone y sus consecuencias sobre la desigualdad.

El Partido Popular debería preocuparse de que la OCDE haya vuelto a cargar las tintas sobre España en su Informe sobre Bienestar de 2017. Somos el país europeo con mayores niveles de desigualdad (el sexto de la OCDE, tras México, Chile, EEUU, Turquía e Israel) en términos de distribución de la renta y tres de cada cuatro españoles desconfía en la voluntad del Gobierno para resolver el problema. Ciudadanos y el PP aceptaron incluir la reforma urgente de sistema de financiación autonómica entre los 150 compromisos para mejorar España, manteniendo el reconocimiento del especial Régimen Económico y Fiscal de Canarias, pero llama la atención que, al menos Ciudadanos, olvidara cuestionar el mantenimiento de los regímenes forales, tan ajenos a la solidaridad.