El Parlamento Europeo (PE) ha rechazado con una holgada mayoría absoluta la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales, el límite que acordaron los gobiernos europeos en la revisión de la directiva comunitaria sobre el tiempo de trabajo.

El no de la Eurocámara a la posibilidad de ampliar la jornada laboral fue sorprendentemente claro a tenor de los pronósticos que hacían antes de la votación los propios diputados, muy divididos sobre la medida, y forzará a los Estados miembros a negociar un nuevo texto con el PE.

Finalmente, 421 parlamentarios del total de 785 que forman el hemiciclo apoyaron la eliminación en un plazo de tres años del llamado 'opt-out', la cláusula que permite que, en caso de acuerdo entre el empresario y el trabajador, éste supere el límite de las 48 horas por semana.

La postura del PE es, por tanto, totalmente opuesta a la de los países de la UE, que habían pactado -con la negativa de España y Grecia- convertir esa excepción temporal obtenida por el Reino Unido en una opción definitiva para permitir a los trabajadores alargar sus jornadas hasta un máximo de 60 ó 65 horas semanales, según los casos. Esos límites estarían calculados como media sobre un periodo de tres meses, por lo que en una semana en concreto sería posible superarlos ampliamente.

La jornada de hasta 65 horas contaba con la oposición frontal de los sindicatos europeos, que ayer se manifestaron en Estrasburgo (Francia) para evitar la aprobación de la que algunos llamaron "directiva de la esclavitud" y que hoy expresaron su "satisfacción" por la respuesta del Parlamento.

"Esto no es un contratiempo para los Estados, es una opción para rectificar una decisión equivocada", dijo inmediatamente después de la aprobación de su informe el ponente del texto y principal rostro de la oposición a la directiva en la Eurocámara, el español Alejandro Cercas (PSOE). El parlamentario, exultante, aseguró que el Parlamento ha demostrado que "no es sordo ni mudo" y que "escucha cuando hay reclamaciones justas".

Cercas recibió en sus reclamaciones el apoyo de la gran mayoría de los diputados socialistas y de izquierda, así como el de una parte importante de liberales y conservadores, principalmente de los del Partido Popular español y de los de otros países del sur de Europa.

Además, más de 500 de los 785 eurodiputados se opusieron también a las disposiciones que afectaban a los profesionales del sector sanitario, y que pretendían que los periodos inactivos de las guardias médicas -los momentos en los que no se está atendiendo pacientes- dejasen de ser considerados como tiempo de trabajo.

Este punto fue una de las razones que llevaron a los gobiernos a reformar la legislación, pues varias sentencias de la Justicia europea han dictaminado que todas las guardias deben contarse como tiempo trabajado, lo que coloca a muchos países en situación irregular y, según ellos, pone en peligro los sistemas de sanidad. El PE también rechazó la eliminación del descanso obligatorio inmediatamente después de las guardias, otro de los puntos que preocupaba a los médicos europeos.

La patronal europea, BusinessEurope, criticó la postura del PE y advirtió de que "priva a las empresas de la flexibilidad que necesitan" y puede dificultar el funcionamiento de algunos sectores como el sanitario.

El no del Parlamento a la directiva abrirá a partir de enero un periodo de 'conciliación' entre la cámara y los Estados miembros para tratar de pactar un nuevo texto. "Vamos a hacer una oferta al Consejo (órgano que representa a los países) que va a ser razonable, una oferta negociada con los sindicatos y los médicos, y el Consejo verá", dijo Cercas.

Entre las propuestas que la Eurocámara ha aprobado para dar más flexibilidad a los empresarios figura, por ejemplo, la de elevar de 4 a 12 meses el periodo de referencia que se usa para calcular la jornada semanal de 48 horas, que puede superarse siempre que se compense con periodos de menos carga a lo largo del año.

De no lograrse el acuerdo entre las instituciones, la reforma del tiempo de trabajo podría decaer y seguiría en vigor la actual directiva provisional aprobada en 1993 por los gobiernos y que la Eurocámara quiere reformar desde hace años.