Estábamos esperando las medidas económicas que con retraso estaba discutiendo el Consejo de Ministros, y mereció soportar la incívica y enésima imputualidad de Pedro Sánchez porque el paquete de medidas aprobadas ayer superó todas las expectativas. Ante la frustrante impasibilidad de los ministros de Finanza de la Unión Europea, que en su reunión telemática del lunes se limitaron a apoyar la suspensión de las reglas fiscales y animaron a que se adoptasen políticas nacionales, el Gobierno sacó toda la artillería siguiendo los ejemplos de iniciativas contundentes como las de Alemania, Estados Unidos y Francia, aprobando un paquete de medidas por valor de 200.000 millones de euros (equivalentes al 16,5% del PIB) de los que 83.000 millones provendrían del sector privado.

El esfuerzo no es para menos. La economía española se está despeñando con la crisis del coronavirus. Cerca de la mitad de la actividad económica del país está parada y del resto no todas las actividades funcionan a un ritmo regular. Cierto que la contracción debe ser temporal, porque cuando la crisis sanitaria se encauce la actividad puede recuperarse en forma de V, ya que las capacidades productivas permanecen prácticamente intactas. Pero en la medida en que la recuperación se vaya retrasando las posibilidades de recesión se acrecientan, e incluso sería posible una profunda depresión si la crisis sanitaria se instala en la sociedad durante un largo periodo.

Ante estas perspectivas solo nos queda esperar que la curva de los contagios alcance su punto de inflexión las próximas semanas y, por otra parte, que se produzca una intervención político económica contundente para frenar el pronunciado deterioro económico.

De esas posibles intervenciones no podemos esperar más de la política monetaria del Banco Central Europeo de lo que ya ha hecho al facilitar la liquidez necesaria, pues las reducciones adicionales de los tipos de interés, cuando ya son negativos, serían peligrosas e ineficaces. Se podría esperar una intervención fiscal coordinada de la Comisión Europea, pero, como ya he referido, una vez más nos defrauda.

Por ello, había que esperar que el Gobierno de España adoptase un paquete de medidas económicas con los siguientes objetivos: 1) Dotar los medios necesarios para luchar contra la crisis sanitaria, 2) Evitar un grave impacto en los sectores sociales más vulnerables, 3) Evitar el cierre de empresas viables y 4) Frenar el aumento del paro y atender a los parados.

Casi la mitad de la actividad económica del país está ya parada por la crisis

Las decisiones aprobadas ayer por el Gobierno van en la buena dirección

Las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros de ayer, tanto por su cuantía como por su contenido, van en la buena dirección. Para su eficacia será decisivo que suaplicación sea ágil e inmediata, porque si se demora burocráticamente no resolverá los problemas que, como esperamos, son temporales pero urgentes.En el título del artículo también califico las medidas de arriesgadas. Riesgo que se deriva del extraordinario nivel de gasto público que supone (117.000 millones de euros), aunque los avales no se traducen en un gasto inmediato. Aumento del gasto a lo que hay que sumar la reducción de los ingresos públicos como consecuencia de la crisis, lo que puede elevar significativamente el déficit público y la deuda pública, y ya se conocen los problemas de la elevación de la prima de riesgo y los grandes esfuerzos para reducir el déficit.Por ello, aún en esta exigente coyuntura, no hay que perder la tensión ahorradora en el sector público, para lo que los gastos necesarios se deben aplicar de forma temporal y rigurosa, discriminando positivamente a los beneficiarios objetivo: a las personas más vulnerables y a las empresas, autónomos y trabajadores gravemente impactados por la crisis. Y se debe abandonar la tentación, al parecer presente en algunos miembros del gobierno, de derivar fondos de este paquete de medidas hacia una nueva versión del ingenuo keynesianismo del Plan E de Rodríguez Zapatero.

Para terminar, les invito a reflexionar que si, en una coyuntura en la que la mayor parte de los agentes económicos (empresas, asalariados, autónomos, sector público, ahorradores) sufren una significativa pérdida de renta o riqueza, sería razonable demandar una reducción de las seguras rentas de los empleados públicos (excepto sanitarios y otros que mantienen un alto nivel de actividad) y pensionistas (excepto los de más bajas pensiones) para solidaridad con los compatriotas más afectados por la crisis del coronavirus.