Ante la marginación a la que les está sometiendo el Gobierno, la CEOE ha convocado una cumbre empresarial de las 130 mayores empresas bajo el eslogan de Empresas para la Recuperación. El mensaje es: Las empresas liderarán la recuperación. Apoyar a la empresa es impulsar el crecimiento, la creación de empleo y el bienestar. Los empresarios afirman su voluntad de cooperar con el Gobierno y los agentes sociales, desde la unidad y el consenso. Durante diez días las mesas sectoriales irán analizando y proponiendo las acciones necesarias para la recuperación. Los líderes empresariales han expuesto los principios básicos. La recuperación no será posible sin la cooperación de Gobierno, empresas y agentes sociales. La seguridad jurídica, recientemente amenazada, y la credibilidad institucional son esenciales para las decisiones de inversión. La burocracia inhibe y retrasa la acción empresarial. Las empresas confían en la cooperación público-privada. No habrá desarrollo económico si no es sostenible. Es necesaria una reforma fiscal que incentive el crecimiento, la competitividad y la creación de empleo. Se deben de acometer reformas para aumentar la productividad. No se deben derogar aquellas reformas que han sido la base de la creación de empleo (la reforma laboral).Se necesita un plan de inversiones para transformar el tejido productivo, energéticamente eficiente, sostenible medioambientalmente, y alineado con los objetivos de la UE.

La gravedad de la crisis y la preocupación por la ineficacia e improvisación con la que están actuando el Gobierno y la Comisión del Congreso ha animado a grupos de expertos a elaborar informes y propuestas de acciones para la recuperación. Uno de ellos es un grupo de 120 economistas y expertos integrados en Fedea, Funcas, Caixabank y diversas universidades. Una de sus propuestas se refiere a la estabilidad presupuestaria. Los años 2020 y 2021 serán de aumento del gasto público. A partir de 2022 se debe de iniciar un programa de consolidación fiscal para reducir el déficit estructural de más del 5% del PIB y la deuda pública del 115% del PIB. La consolidación durará un mínimo de 10 años. Aunque el inicio de la consolidación será 2022, su presentación debe de hacerse en 2020, con la solicitud de ayuda al Fondo de Recuperación Europeo. La consolidación debe de centrarse en la racionalización del gasto público, y si no fuera suficiente en una subida de aquellos impuestos que menos dañen el crecimiento y la creación de empleo.

El Gobierno Español está actuando tarde, sin el necesario análisis y concertación con los agentes económicos y sin la ayuda de la Comisión del Congreso. Esta misma semana se han presentado los planes de recuperación de los dos sectores más afectados por la crisis, automoción y turismo. La próxima semana España se verá obligada a enviar a la Comisión Europea su plan de Recuperación, si quiere acceder al Fondo de Reconstrucción europeo. El borrador del plan, improvisado, consta de un ambicioso plan de inversiones de 150.000 millones de euros para 2021-2022, inversión pública que arrastrará 500.000 millones de inversión privada. El informe contempla un listado de reformas estructurales, en la línea del pacto de gobierno PSOE Y UP, incluida la reforma laboral, como si nada hubiera pasado. El Gobierno no se acaba de enterar.