El Gobierno comienza a darse cuenta del profundo rechazo que ha causado la decisión de cobrar peajes en las carreteras españolas a partir de 2024. Por ello, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quiso ayer enfatizar que la reforma es aún prematura porque quedan tres años de diálogo y debate con los sectores para acordar un sistema similar al que ya funciona en 23 países europeos.

Durante su presencia en Granada, la portavoz del Gobierno vinculó esta reforma a un plan de movilidad sostenible con fondos europeos con más de 10.000 millones que servirá para acometer mejoras en el transporte urbano, metropolitano y de cercanías y facilitar así que no sea necesario el uso del vehículo particular, el más contaminante.

Tras las críticas recibidas de partidos, consumidores y el sector del transporte, Montero subrayó que este tipo de sistemas de peaje están ya implantados en 23 países de la Unión Europea y permiten un mantenimiento más eficaz de las carreteras.

También recordó que la reforma está proyectada para 2024 “como pronto”, fecha en la que, según confió, la recuperación económica del país será una realidad. “Es una reforma que homologa a España con la mayoría de los países del entorno”, resumió Montero, que dijo que está diseñada para asegurar un mantenimiento de las carreteras que reduzca la siniestralidad y el número de víctimas mortales.

Añadió que quedan por delante tres años para el diálogo, el consenso y el debate y para trabajar sin que nadie se sienta perjudicado.

Preguntada por las críticas al proyecto de la Junta de Andalucía, que advirtió que no impondrá peajes, Montero recordó que esta reforma estaba sobre la mesa con el PP cuando Ana Pastor era ministra.

Aclaró además que cada uno tiene sus competencias y que el Gobierno central actuará en las redes y autovías nacionales sin entrar en lo que las comunidades hagan en el marco de sus competencias. “Tampoco puedo decir más porque quedan reuniones, reuniones, reuniones y reuniones, consenso para el proyecto que mejor se adapte a las necesidades de mantenimiento y a la circulación”, concluyó.

Más contundente fue la defensa de la propuesta que se hizo desde le Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, departamento que enfatizó que se basa en un criterio de “coherencia”, ya que España recibirá 140.000 millones de fondos pagados por todos los ciudadanos europeos y en la mayoría de los países de la Unión ya se paga por el uso de las carreteras.

El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, aseguró en declaraciones a la prensa desde la estación de Atocha en Madrid que se trata de una medida “justa”, porque pagarían sólo los usuarios que utilizan las carreteras y no el conjunto de la población mediante los Presupuestos Generales del Estado.  “Desde un punto de vista de la coherencia, España está pidiendo a los ciudadanos europeos en su plan de recuperación que se invierta en nuestro país en infraestructuras de transporte, cuando en la mayoría de países de la Unión Europea ya se está pagando por el uso de las carreteras, por lo tanto, coherencia, si estamos pidiendo recursos para invertir en las infraestructuras, lógicamente tenemos que plantear esa reforma”, argumentó.

  En cualquier caso, Saura insistió en la necesidad de contar con el mayor consenso social, político y económico, sobre todo con el colectivo de transportistas, para los que la propuesta remitida a Bruselas ya los excluía del pago de los peajes, que tendrían que asumir los cargadores.

  Saura descartó que la medida pueda desencadenar un aumento de los precios para los consumidores al argumentar que los peajes ya existen en Europa, donde también circulan los camiones que traen mercancía a España, y señaló además que, cuando hay competencia, “no tiene por qué trasladarse ese pago a los precios, por lo que no habría una pérdida de la competitividad de la economía española”.

Otro de los aspectos clave en el que Saura justifica esta medida es la sostenibilidad y la reducción de emisiones, ya que el objetivo del Gobierno es que la gente utilice más el tren, una alternativa más respetuosa con el medio ambiente y en cuya infraestructura los españoles han invertido 65.000 millones de euros en los últimos 30 años.