Economía

El Gobierno congelará el próximo año la contratación de extranjeros en origen

  • El ministro de Trabajo no cree "razonable" impulsar esos contratos, cuando hay 2,5 millones de parados inscritos en el Inem · Reconoce que el plan de recolocación anunciado por Zapatero no está cerrado

Para frenar el imparable ascenso del paro hacen falta puestos de trabajo, y el Gobierno se ha propuesto que cualquier empleo que surja en el territorio nacional sea ocupado por algún residente. No en vano, el el ministro del ramo, Celestino Corbacho, anunció ayer que el Gobierno congelará en 2009 las contrataciones de extranjeros en origen, que el año pasado ascendieron a 200.000. Corbacho dio a conocer esta decisión tras la primera reunión de la Mesa de Seguimiento y Evaluación del Diálogo Social, aunque no la abordó durante este encuentro, lo que generó sorpresa entre los sindicatos -integrantes, junto con el Ejecutivo y los empresarios de dicha mesa-.

El ministro explicó a ese respecto que el próximo ejercicio no llevará al Consejo de Ministros un "catálogo tan generoso y amplio" de contrataciones de extranjeros en origen. Se harán excepciones con los profesionales especializados y los compromisos firmados por España en los convenios internacionales y, aun así, la evolución "se aproximará al punto cero". En este sentido, recordó que durante los seis primeros meses de 2008 se realizaron 88.180 contrataciones de ese tipo, algo que "no parece razonable", cuando hay 2,5 millones de desempleados en las listas del Inem.

Por otro lado, se refirió al plan de recolocación anunciado la víspera por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y admitió que no está, ni mucho menos, cerrado. Celestino Corbacho indicó que el Ejecutivo "no renuncia" a incorporar a 100.000 parados a actividades de interés social, pero matizó que "actualmente se está tan sólo en la fase de evaluación de los planes existentes", una de las cuatro líneas prioritarias del proceso de diálogo social.

Para que ese proceso llegue a buen puerto, abogó por hacer partícipes a las comunidades autónomas, de ese modo, "remar todos en la misma dirección". También recalcó que no se está hablando de un plan dirigido a un único sector, aunque apuntó que la construcción y los servicios son las ramas que más empleo están destruyendo.

"Vamos a poner los planes existentes a cero" y a analizar "por dónde deben ir las prioridades", afirmó, para aclarar que lo que sí sigue en marcha es la propuesta de recolocación aprobada con las comunidades autónomas a comienzos de verano, que cuenta con un presupuesto de 201 millones de euros y prevé la contratación de 1.500 orientadores profesionales. Según sus estimaciones, esta iniciativa estará plenamente operativa en septiembre o, "como mucho", en octubre.

Otra prioridad de la mesa de diálogo social será la modernización de los servicios públicos de empleo para aumentar su eficiencia, así como el impulso y la mejora de la Formación Profesional.

Por último, sindicatos, empresarios y Gobierno desarrollarán el Estatuto del Trabajo Autónomo, para aprovechar la potencialidad económica de este colectivo y abordar su protección frente al desempleo -se calcula que unos 100.000 se quedarán sin trabajo este año- .

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