La guerra política en torno a Caja Madrid entre Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad, y Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de la capital, a raíz de la propuesta de reforma de la ley de cajas madrileña presentada por la primera no es tal, según el Ejecutivo regional. En el trasfondo está la reelección o no en septiembre de 2009 del actual presidente de la caja, Miguel Blesa, hombre de la confianza de gallardón.

El consejero de Presidencia, Francisco Granados, aseguró ayer: "Nadie puede sentirse agredido" por la modificación que se introducirá en los órganos de Caja Madrid, porque "no es una modificación contra nadie" sino que se pondrá en marcha para lograr "una menor politización" de la entidad, apuntó incluso.

Estos cambios serán fundamentalmente dos: primero, la necesidad de que los consejeros de la entidad que quieran ser reelegidos tras 12 años tengan que ser propuestos para el cargo por el mismo grupo (impositores, corporaciones locales, parlamento regional) que lo propuso en la última ocasión, es decir, la asamblea en el caso de Blesa, órgano que hoy controla Aguirre; y, segundo, cada ayuntamiento podrá elegir, como máximo, al 30% de los representantes de la asamblea general que representan a las corporaciones locales, frente al 70% que ostentaba ahora el consistorio que preside Ruiz Gallardón.

"Es evidente que para la reelección del señor Blesa, en el caso de que se produjera, éste necesitaría que fuera presentado por parte de la Asamblea de Madrid, pero todavía quedan muchos meses para eso", declaró el consejero .

Caja Madrid es la cuarta entidad financiera de España. El PSOE no se pronunció ayer sobre el tema, mientras IU acusó a Aguirre de "monopolizar" la caja.