El Gobierno de Cristina Fernández formalizó hoy con el grupo español Marsans el traspaso de Aerolíneas Argentinas al Estado con la prioridad de que recupere su valor y sin plazos para volver a privatizarla. "El objetivo protagonista es la puesta en valor para que la empresa vuelva a ser la que supimos tener", dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido, después de ratificar con Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, los dueños de Marsans, un acuerdo que se había firmado el jueves pasado.

Señaló que el gobierno "no tiene plazos" para volver a privatizar la aerolínea de bandera, cuyo regreso al sector público debe ser aprobado por el Parlamento ya que la ley de venta de 1991 a la española Iberia veda su regreso al Estado. Aerolíneas Argentinas "fue destruida en la década de 1980 y privatizada en los años 90: ahora se abre un plazo para que se concrete su regreso al Estado y la prioridad es su puesta en valor", remarcó De Vido a los periodistas.

El acuerdo recoge "la voluntad" de Marsans de "vender la totalidad" de las acciones de Aerolíneas Argentinas (94,41 por ciento) y su subsidiaria de vuelos domésticos Austral (97 por ciento) y fija desde hoy un plazo de 60 días para auditar la compañía y fijar su valor con el fin de concretar la operación.

Durante el periodo de transición, la aerolínea será gestionada por una comisión formada por tres representantes del Estado argentino y dos de Marsans. "Habrá un análisis contable y veremos cuánto es el debe y cuánto el haber", comentó el ministro de Planificación al responder sobre el valor de la aerolínea de bandera y su subsidiaria.

Una de las cláusulas del acuerdo incluye el compromiso de evaluar información "detallada" sobre los bienes y deudas de la compañía, sus contratos con terceros, además del "estado de situación" de sus convenios laborales y su organización administrativa. El convenio prevé que Marsans y el Gobierno designen a sus respectivos auditores para determinar "el precio de compra" de los paquetes accionariales de Aerolíneas Argentinas y Austral.

Las auditorías también servirán para "considerar y aprobar" los estados contables y de gestión hasta el 31 de diciembre pasado y desde esa fecha al 17 de julio, cuando se suscribió el acuerdo de traspaso accionarial. "En caso de existir diferencias entre las valuaciones que se efectúen y/o no arribarse de otro modo a un acuerdo respecto de ambos paquetes accionariales, se solicitará una tercera valuación de una entidad imparcial, nacional o extranjera, de prestigio internacional (...), señala un párrafo del convenio. Agrega que tal "entidad imparcial" deberá estar "especializada en compra-ventas y/o valoraciones de empresas internacionales del sector (aeronáutico), cuya valoración será final y definitiva para las partes".

Aerolíneas Argentinas acumula pasivos por 890 millones de dólares, de los cuales 220 millones corresponden a "deudas exigibles", informó la compañía la semana pasada, en una audiencia judicial que había sido solicitada por el gobierno y los sindicatos.

Las autoridades informaron de que desembolsaron unos 30 millones de dólares para pagar salarios atrasados y compra de combustible, entre otros gastos, cuando se calcula que Aerolíneas y Austral afrontan pérdidas por unos 30 millones de dólares al mes. Después de afirmar que "no hay plazos" para volver a privatizar a Aerolíneas Argentinas, De Vido apuntó que "es un tema que hay que encarar con seriedad" y "con todos los sectores" involucrados en el negocio aeronáutico, además del turístico.

El ministro de Planificación destacó que el Estado auxilió a la aerolínea de bandera "en un momento de alta iliquidez (falta de fondos) y emergencia". Subrayó que "lo mismo ocurrió" con el Correo Argentino y Aguas Argentinas, cuyo control recuperó el Estado al rescindir las concesiones que tenían el Grupo Macri argentino y el francés Suez, en 2005 y 2006, respectivamente. "Ahora las dos empresas están en los niveles de eficacia de sus competidores" privados, agregó De Vido.