El Pleno del Congreso aprobó el informe de recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, que marca las principales adaptaciones para garantizar la "sostenibilidad financiera" del sistema de pensiones, explicó Juan Morano, presidente del pacto. El documento incluye una modificación pactada entre PSOE y CiU. Ambos grupos reclaman un nuevo marco legal sobre la edad de jubilación "más basado en la flexibilidad y gradualidad", de modo que cualquier modificación se haga, a partir de ahora, de manera "progresiva", no "homogénea y forzosa para el conjunto de las personas". En cambio, los votos particulares de los populares, las minorías de izquierda y el partido de Rosa Díez no prosperaron.

El informe de recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo tiene el beneplácito del Pleno del Congreso. El texto marca las principales adaptaciones que el sistema de pensiones necesita para garantizar su "sostenibilidad financiera", dijo Juan Morano.

Un pacto PSOE-CiU modificó el documento. Las formaciones pretenden, así, garantizar que los cambios sobre la edad de jubilación se efectúen de manera progresiva y flexible. La propuesta tuvo el apoyo de PNV y CC, por lo que llegó a los 186 escaños. ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD votaron en contra y el PP se abstuvo.

Populares, minorías de izquierda y UPyD presentaron votos particulares para hacer explícito el rechazo del Congreso al retraso de la edad de jubilación. Sin embargo, no prosperaron, como tampoco lo hizo el voto particular del PNV.

Los nacionalistas vascos reclamaban que se reconociese la posibilidad de que las comunidades usen sistemas especiales de gestión de las pensiones. Pedían que esto no afectase a los principios de solidaridad e igualdad de derecho de los ciudadanos para acceder "en igual cuantía" a las prestaciones públicas.

En total fueron 27 modificaciones y la única que aceptaron todos los grupos fue la que presentaron de manera conjunta. Ésta especifica el compromiso de los grupos en favor de la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones "basado en el reparto y la solidaridad".

En su estreno como portavoz del PSOE en materia de pensiones, Jesús Caldera justificó las reformas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. El socialista dijo que, en los próximos 35 años, el sistema de pensiones dará entrada a 22 millones de personas con una media de supervivencia de 24 años, el doble de lo anotado en los 35 años anteriores.

Sobre el asunto de incentivar el retraso voluntario de la jubilación, sostuvo que eso ya se planteó en la anterior reforma. No obstante, dijo, sólo se han acogido a esta posibilidad el 3 por ciento de los potenciales beneficiarios. "Por eso creemos que hay que ir más allá", aseveró, señalando que así se lo había indicado a sus propias hijas.

El grupo con el que hizo el pacto cree que la Cámara Baja tiene que tramitar "bien" el proyecto de Ley que remita el Gobierno al Congreso. Aboga por "el consenso político y social" y tranquilizar a los pensionistas. Por eso dio su apoyo a la propuesta socialista, para predicar con el ejemplo. Ahora, reclama al Ejecutivo "capacidad de diálogo" con sindicatos y patronal.

Lo explicó el diputado Carles Campuzano, que mantuvo que las 21 recomendaciones constatan el compromiso de los grupos parlamentarios con el carácter público del sistema de pensiones. Así, rechazó la visión "catastrofista" de las minorías de izquierda.

Y algo catastrofistas se mostraron también los populares, que creen que se están llevando a cabo reformas "a la desesperada". A ojos de Tomás Burgos, portavoz, el Gobierno no puede limitarse a "mover las fichas", y le exigió que cumpla las recomendaciones del Pacto de Toledo. Casi todas ellas tienen el respaldo de este grupo, a excepción del "injusto" retraso de la edad de jubilación, que implica un recorte del 20 por ciento en las prestaciones.

 "Hoy que el sistema lleva perdidos casi dos millones de cotizantes, se desploma el superávit de la Seguridad Social y se congelan las pensiones es cuando debemos decir que esta situación debe revertirse", exclamó. Burgos puntualizó, además, que la prioridad no puede ser una "reforma de pensiones improvisada" y sin consenso.

La diputada de UPyD, Rosa Díez, defendió los quince votos particulares presentados por su formación, en especial en lo relativo al mantenimiento de la edad legal jubilación en los 65 años y la modificación de las prejubilaciones "injustas".

Desde ERC, Joan Ridao dijo que las recomendaciones no dejan "las manos libres" al Gobierno para retrasar la edad de jubilación, "metiendo miedo" a los ciudadanos sobre la viabilidad del sistema público, garantizado hasta 2023. "Existe con un sistema público viable, eficaz y de calidad, que no penalice la longevidad". Lo corroboró la diputada de NaBai, Uxue Barkos, que rechazó que se intente "cuestionar la viabilidad" del sistema público de pensiones.

También habló de manos libres Olaia Fernández Davila, que lamentó que las recomendaciones de la Comisión son "demasiado ambiguas" y dejan demasiada libertad al Ejecutivo. La representante del BNG mantuvo que la respuesta del Gobierno a la crisis "se reduce a ajustes sociales" como los relativos a las pensiones.

Gaspar Llamazares, aseguró que la propuesta del Gobierno busca "doblar el pulso al Congreso". El diputado de IU dijo que "recorta las escasa conquistas sociales" logradas en España a lo largo de las décadas con una ruptura del sistema público de pensiones, que se reducirán de manera "brutal". "Estamos ante la recuperación de lo peor del capitalismo".  

En cambio, Emilio Olabarria, portavoz del PNV, lamentó que este debate haya sufrido una "desfiguración mediática" al centrarse en la edad de jubilación. Para él, se trata de una vía "reduccionista y aberrante". Modificarla "no sirve para nada" si no se tiene en cuenta otras medidas. El vasco recordó que una medida similar costó la cancillería alemana a Gerhard Schroeder, aunque "no intentaba ser premonitorio".