Economía

COAG asegura que la crisis del olivar es un "problema de Estado"

Momento de la rueda de prensa organizada esta mañana por COAG.

Momento de la rueda de prensa organizada esta mañana por COAG. / José Ángel García

Finalmente, será el 10 de octubre, a un mes de las nuevas elecciones generales, cuando las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA repliquen la multitudinaria protesta que realizaron por las calles de Sevilla el pasado 9 de julio para hacer visible la crisis que sufren los productores de aceite de oliva de Andalucía por culpa de demasiados meses consecutivos de bajos precios.

Entonces, los olivareros cifraron "el robo" por parte del resto de los agentes que conforman la cadena que les une al consumidor final en alrededor de 1.500 millones de euros.

Esta mañana, el secretario general de COAG-Andalucía, Miguel López, precisó la cifra en 1.780 millones. Una cantidad que está hundiendo a miles de familias del campo andaluz. Por eso, López aseguró que la crisis del olivar es un "problema de Estado", del que hizo responsable a la estrategia especulativa de presión de los precios a la baja.

Precio por debajo del coste

El dirigente de COAG afirmó que se está pagado un euro menos por kilo de aceite en origen de lo que consideran justo, lo que está provocando que los olivareros se vean obligados a vender el aceite por debajo de su coste de producción.

López cree que el objetivo de esta estrategia de precios a la baja es cambiar un modelo de producción centenario para beneficio de un grupo reducido de empresas y personas.

Desde COAG aseguran que no reclaman dinero al Gobierno, actualmente en funciones, sino "trabajo" para buscar soluciones. Sobre todo al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "está de vacaciones desde que llegó".

Medidas

Las organizaciones agrarias piden que la UE cambie el umbral de precios para el almacenamiento privado del aceite de oliva, fijado en 1,77 euros por kilo desde hace 25 años. Las organizaciones creen que el precio justo debería rondar los 3,2 euros para soportar los costes de producción y la bajada de la cosecha.

También exigen a la Junta de Andalucía que "no se cruce de brazos" y cumpla con sus competencias en materia de trazabilidad y calidad y seguridad alimentaria mediante el establecimiento de controles y sanciones a las industrias que no cumplan con la normativa.

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