La Comisión Europea propuso este miércoles cerrar el procedimiento por déficit excesivo abierto a España hace una década después de que el desvío se situase en el 2,5% del PIB en 2018, pero la advirtió de que podría desviarse del ajuste estructural que aún debe acometer este año y el próximo.  

Si los Estados miembros de la Unión Europea dan luz verde, España saldrá del proceso por el que Bruselas ha exigido desde 2009 importantes ajustes para situar por debajo del umbral del 3% del PIB el desvío presupuestario, que llegó a alcanzar el 11% en el punto álgido de la crisis.  

Tras solicitar cuatro prórrogas –una con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y tres con el de Mariano Rajoy– y esquivar in extremis una multa en 2016 por no tomar medidas para reducir el déficit, España logró en 2018 dejar atrás la cota del 3%.  

“Los esfuerzos hechos han dado frutos, a pesar de las dificultades que persisten, sobre todo, en términos de paro”, declaró el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, felicitando a España al anunciar la decisión en una rueda de prensa para presentar las recomendaciones económicas de la Comisión para los países de la Unión Europea.  

El comisario francés subrayó que el cierre del procedimiento a España, el último abierto en toda la UE, “marca el final de un camino largo y doloroso”, y alentó a España a seguir “por la vía de la seriedad presupuestaria”.  

Y es que el carpetazo al expediente no supondrá la desaparición de la vigilancia de las cuentas públicas por parte de la Comisión, ya que dentro del denominado “brazo preventivo” se centrará en evitar que el déficit descarrile de nuevo, en la reducción de la deuda y el control del gasto público.  

Con el déficit nominal encarrilado, Bruselas pondrá la lupa en el balance estructural –que no tiene en cuenta el ciclo económico–, dónde España tiene que acometer un ajuste del 0,65% del PIB, unos 7.600 millones de euros, este año y el próximo.  

El ajuste tendrá que venir a través del aumento de los ingresos o la reducción del gasto público, porque el crecimiento económico, al que España ha fiado la mayor parte de la rebaja en los últimos años, no será tenido en cuenta.  

Tras analizar el Plan de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas presentados por el Gobierno a finales de abril, el Ejecutivo comunitario advirtió hoy del riesgo de que España se desvíe “significativamente” de esta meta de ajuste tanto en 2019 como en 2020.  

Asimismo, prevé que incumpla en ambos ejercicios las normas comunitarias que obligan a reducir la deuda pública cuando supera el 60% del PIB: en España cerró 2018 en el 97,1% del PIB.  

La Comisión considera “plausible” el escenario macroeconómico del Ministerio de Economía que le lleva a prever una reducción del déficit al 2% en 2019 y al 1,1% en 2020, y de la deuda al 95,8% y 94%, respectivamente.  

Sin embargo, ve riesgos ligados a los ingresos, por la “incertidumbre” sobre su rendimiento o la posibilidad de adoptar muchas de las medidas previstas.  

En este contexto, Bruselas recomienda a España tomar medidas para garantizar que el gasto público primario no aumente por encima del 0,9% del PIB y respetar así el ajuste estructural del 0,65% en 2020.  

Igualmente, le pide utilizar cualquier “ganancia inesperada para acelerar la reducción del ratio de deuda”.  

“España debe seguir centrándose en unas finanzas públicas sólidas para evitar problemas en el futuro (...). Continuaremos siguiendo los desarrollos presupuestarios y vigilando las medidas políticas del próximo Gobierno”, dijo el vicepresidente de la Comisión para el Euro, Valdis Dombrovskis, preguntado por las exigencias a España.  

En todo caso, recordó, Bruselas no evaluará si cumple en 2019 hasta el año próximo.  

En materia laboral, el Ejecutivo comunitario llamó una vez más a impulsar la contratación indefinida, en particular simplificando el sistema de incentivos a la contratación.  

La Comisión insta además a “preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones”. Considera en su informe que las reformas laborales de 2011 y 2013 ayudaron en este sentido, pero avisa por la vinculación de las subidas al IPC.  

“Si se continúa ligando los aumentos de pensiones a la inflación (como se decidió en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad, se requerirían medidas compensatorias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el medio y largo plazo”, afirma.  

Bruselas subraya además que la “proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, así como la desigualdad de ingresos, siguen por encima de la media de la UE” y pide invertir en políticas de inclusión y vivienda social.