La presidenta argentina, Cristina Fernández, instruyó hoy al Ministerio de Planificación a iniciar los trámites para la expropiación de Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans, al cual ordenó investigar, y designó un comité para administrar la línea aérea de bandera.

El decreto presidencial publicado este viernes en el Boletín Oficial designa a la cartera de Planificación como "organismo expropiante" y la instruye "para llevar adelante todos los actos y gestiones necesarios a tales fines".

El Parlamento argentino aprobó el pasado 17 de diciembre una ley que declaró a Aerolíneas y sus subsidiarias empresas de "utilidad pública sujetas a expropiación", con lo que el Estado quedó habilitado para iniciar un juicio sumario para la expropiación de las empresas.

Cristina Fernández instruyó además a la Procuración del Tesoro a "presentarse en todas las causas penales existentes en las que se investiguen los eventuales delitos que, los actuales accionistas mayoritarios" de Aerolíneas y sus subsidiarias "o aún terceros, hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la sociedad".

También ordenó al organismo público a denunciar "los eventuales hechos ilícitos que llegaren a su conocimiento por dicha gestión, así como a iniciar las acciones civiles y comerciales que correspondan a fin de recuperar el patrimonio afectado por la deficiente gestión, dolo o culpa de los administradores".

A fin de garantizar "la continuidad y seguridad del servicio" de Aerolíneas, el mantenimiento de las casi 9.000 fuentes laborales en esas empresas y el "resguardo de los bienes" de las compañías, la presidenta ordenó la creación de una unidad administrativa bajo la órbita de la Secretaría de Transporte.

Esta unidad, explica el decreto, "ejercerá todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren, hasta tanto finalice el proceso expropiatorio".

"La instrumentación de todos los actos y gestiones necesarias para la toma de posesión de todos los bienes sujetos a expropiación, deberá realizarse con la previa intervención de la Escribanía General del Gobierno argentino", indica el decreto.

Asimismo, la presidenta ordenó al Ministerio de Planificación a elaborar un plan general de negocios para Aerolíneas y sus subsidiarias Austral (vuelos domésticos), Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).

Autorizó además a esta cartera a ceder a los trabajadores de Aerolíneas una participación accionarial de hasta un 10 por ciento una vez concretada la expropiación.

El Gobierno argentino y Marsans firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes, y el oficialismo en el Parlamento impulso la ley para habilitar la expropiación una vez que el grupo español se negó a que le paguen un "valor simbólico".

Marsans ha sostenido que considera la expropiación como una "confiscación" "arbitraria e ilegítima", porque contradice el acuerdo de julio, por el cual el Estado se comprometió a comprar Aerolíneas.

El grupo español solicitó el pasado día 12 un arbitraje ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, donde buscará una compensación monetaria por la supuesta "confiscación".

La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977, establece que el Estado debe pagar por el objeto de expropiación una indemnización que "solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación".

Según esta norma, el Estado deberá pagar la indemnización de acuerdo a lo que establezca el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo que ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado debería pagar un valor simbólico de un peso.

Para Marsans, dueño del 94,41 por ciento de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.

La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario.