El actual consejo de la matriz de Abengoa fue elegido el pasado 22 de diciembre con el objetivo de paralizar la ejecución del tercer rescate de la compañía, porque precisamente liquidaría la sociedad cotizada y dejaría el resto del grupo en manos de los acreedores. Sin embargo, desde el mismo día de su elección, el consejo de administración que preside Juan Pablo López-Bravo y sólo integra también Margarida de la Riva Smith (el tercer elegido, Jordi Sarrias Prats dimitió el 4 de enero) traicionó ese mandato y se alineó con las tesis de la dirección que presidía Gonzalo Urquijo.

Los accionistas anunciaron el 8 de enero una acción de responsabilidad contra ambos consejos, ese día el consejo de Urquijo, que seguía en la filial operativa, Abenewco 1 dimitió, mientras el consejo de la matriz siguió pese a que se había solicitado una junta general para destituirles.

Esa junta la han convocado para el 3 o 4 de marzo, agotando todos los plazos legales para retrasar la máximo la entrada del nuevo consejo que presidiría Clemente Fernández.

En el orden del día, López-Bravo y De la Riva incluyeron un punto no solicitado por los accionistas: un informe sobre la situación de la empresa. Ese informe fue aprobado el pasado viernes por el actual consejo y remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El documento se centra en justificar las acciones de los consejeros por no cumplir los mandatos de la junta general del 17 de noviembre, para que se negociase otro rescate que permitiese a la matriz conservar al menos un 20% de la filial operativa.

En las 17 páginas del informe, el consejo trata de blindar sus acciones contra futuras acciones de los accionistas, y con ellas las del consejo que presidió Urquijo. Para argumentar su traición al objetivo para el que fueron elegidos, los consejeros argumentan que esos acuerdos son imposibles de aplicar, dado que es una instrucción, así interpretada, “colusoria”, es decir, está dictada en perjuicio de terceros. “Los accionistas de Abengoashares han adoptado acuerdos e instruido al consejo, en un intento de mejorar su posición, siendo ese intento claramente contrario a los propios intereses de los accionistas en general”, afirman, pese a que el mandato de la junta no privilegia a ningún accionista y el beneficio de conservar mayor porcentaje de la filial operativa sería para el conjunto de socios de la matriz del grupo.

Para sostener esa argumentación, que parte de una premisa falsa porque el acuerdo no da mejor posición a los accionistas de Abengoashares frente a cualquier otro accionista, recurren a acuerdos de las juntas de 2016 y de 2019 –estos sujetos a una querella penal presentada por las familias fundadoras de Abengoa que son dueñas de Inversión Corporativa–, obviando que una junta general es soberana y puede incluso revocar acuerdos anteriores, incluidas esas reestructuraciones.