Con la actualidad deportiva parada a la espera de que la temporada finalice en Segunda División B y el Córdoba CF pueda lanzarse a por sus primeros objetivos en el mercado, los múltiples asuntos judiciales que rodean al club vuelven a aparecer en escena. De ellos depende en buena parte que la entidad blanquiverde pueda por fin ganar estabilidad y una paz social que hace años que perdió, conforme fueron creciendo los pleitos alrededor.

La culminación del embrollo jurídico en torno al Córdoba fue la judicialización del club con la detención de Jesús León y el proceso concursal en el que entró la sociedad, lo que derivó posteriormente en la venta de la Unidad Productiva a Infinity. Los nuevos gestores revitalizaron en lo económico al club e impidieron su desaparición, pues es un hecho objetivo que nunca estuvo más cerca de la liquidación el CCF que en ese periodo que transcurrió entre que acabó la etapa de León y llegaron los nuevos propietarios a la entidad.

La salvación de aquel escollo, sin embargo, supuso también el inicio de un camino por explorar en el mundo del fútbol, como es el del traspaso de la Unidad Productiva de la Sociedad Anónima Deportiva que gestionaba el club, para dar cabida a la nueva SAD creada por Infinity. Aquella decisión, respaldada por un auto dictado por un juez, ha generado buena parte del embrollo en el que se halla inmerso el club y es responsable del cierto grado de intranquilidad que aún queda entre la afición, que se debate entre la alabanza por la buena gestión de la nueva propiedad y la incertidumbre de no tener la certeza exacta de qué pasará a partir de ahora.

Aunque analizar la situación jurídica del Córdoba CF daría para varios capítulos, lo cierto es que hay algunos procesos judiciales que priman en importancia respecto a otros. La reciente decisión del TSJA de archivar la demanda presentada por Luis Oliver y Joaquín Zulategui contra el juez Antonio Rodríguez Moyano -el que ordenó la intervención judicial del club- parece allanar el camino, si bien éste se prevé aún largo y con algunos obstáculos importantes a esquivar.

El principal sigue siendo el de la recusación del juez Antonio Fuentes Bujalance, titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba. El magistrado, que fue el que dictó el auto que autorizaba la venta de la Unidad Productiva del club para garantizar su continuidad como sociedad, quedó recusado, al estimar los órganos judiciales una demanda que hablaba de una parcialidad manifiesta, al haberse declarado el juez seguidor cordobesista en diversos medios de comunicación.

Ese hecho dejó en suspenso un proceso que debía terminar con la ratificación del auto de venta de la Unidad Productiva (que es ejecutable desde que se dictó aunque aún sujeto a posibles recursos), paso que ahora deberá dar otro juez. Y ese juez apuntaba a ser Fernando Caballero García, que fue propuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras la recusación de Fuentes Bujalance. Esa propuesta, sin embargo, quedó pendiente de la confirmación por parte del Consejo General del Poder Judicial. En esas, la crisis sanitaria paralizó la justicia y desde entonces el proceso ha quedado detenido. El órgano judicial mantiene pendiente la aprobación del juez Caballero como nuevo titular del caso del Córdoba CF, aunque ese trámite está tardando mucho más de lo esperado.

En ese contexto, tanto Carlos González como acreedores de la antigua sociedad que regía el club blanquiverde (principalmente Luis Oliver y Joaquín Zulategui a través de Bitton Sport) se han opuesto al proceso abierto a través de varias demandas. Una ya quedó desestimada esta misma semana, la cursada contra el juez Rodríguez Moyano. La otra, contra los jueces Fuentes Bujalance y Caballero García, tiene un complicado panorama para prosperar, según los expertos en la materia consultados por el Día, y su resolución no debe demorarse en exceso.

Los plazos aprietan

La desestimación de esa demanda debería ser el paso previo a que el Consejo General del Poder Judicial asigne definitivamente el caso de la Unidad Productiva del Córdoba CF al magistrado Fernando Caballero García. Llegados a ese punto, en su mano quedaría la decisión de dar firmeza al auto que respalda a Infinity, lo que sin duda significaría un refuerzo para el grupo inversor a la hora de afrontar la inscripción de los equipos del Córdoba en la Real Federación Española de Fútbol bajo la nueva sociedad (Unión Futbolística Cordobesa).

Desde que desembarcaron en El Arcángel, los nuevos gestores han mantenido contactos con la RFEF para hacerles ver la validez de su vía escogida, por mucho que se tratase de un camino inexplorado hasta el momento en el fútbol español. 

Sin embargo, en ese trabajo Infinity cuenta con el inconveniente de que el tiempo pasa y la fecha de la inscripción se acerca. El CEO del club, Javier González Calvo, ya avisó de que su intención es la de completar los trámites lo antes posible, y que lo harían llegado el momento porque el auto del juez es ya ejecutivo desde que se dictó. Eso sí, a nadie se le escapa que la firmeza de esa decisión judicial llevaría tranquilidad a todas las partes y despejaría por fin la única sombra que planea sobre lo que parece un proyecto de presente y futuro convincente para el Córdoba CF y su afición.