El Campo

Los viticultores contarán en la vendimia 2019 con un contrato homologado de venta de uva

  • El documento publicado por el BOE recoge que el precio del producto de la vid es algo “a negociar” entre el comprador y el vendedor

Trabajo en una pasera de la Denominación de Origen (DO) Montilla-Moriles. Trabajo en una pasera de la Denominación de Origen (DO) Montilla-Moriles.

Trabajo en una pasera de la Denominación de Origen (DO) Montilla-Moriles. / El Día

El sector del campo sigue dando pasos para lograr reequilibrar una cadena comercial que lleva demasiados años marginando a su primer eslabón, como denuncian los agricultores. El vitivinícola -representado en Córdoba por Montilla-Moriles- es el último de los sectores en sumarse a la adopción de figuras legales orientadas a dar ciertas garantías a los agricultores. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha anunciando que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el día de ayer el modelo de contrato homologado para compraventa de uva de vinificación. Este contrato-tipo será el que regirá durante la campaña 2019/2020.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos insiste en que se trata de una herramienta que debe ser asumida y utilizada desde que comience esta próxima campaña –el próximo 1 de agosto– y que debe ayudar al cumplimiento de los pagos y del precio. Al contrato se sumará en breve un estudio de índice de precios y de costes que está preparando la interprofesional del Vino con el apoyo de UPA.

“El contrato dará fuerza a los viticultores profesionales frente al resto de eslabones de la cadena. También será una garantía a la hora de negociar incumplimientos y poder acudir a instancias como la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). UPA ha vuelto a reclamar que la venta a pérdidas se articule como una práctica prohibida en el marco de la Ley de la cadena alimentaria. Los agricultores han hecho un llamamiento al sector para asumir masivamente este contrato y comenzar a utilizarlo en esta campaña”, han insistido desde la organización agraria.

Dentro de esa nueva iniciativa, una de las condiciones que están totalmente reguladas y sobre la que comprador y vendedor no pueden decidir, porque están establecidas por Ley, es la relativa al plazo de pago. Dicho pago de la uva debe realizarse, como muy tarde, a los 30 días contados desde la fecha de finalización de la entrega de la misma. La normativa establece que solamente en el caso de que se trate de uva que pueda ir destinada a vino con Denominación de Origen Protegida (DOP) –como la de Montilla-Moriles– o Indicación Geográfica Protegida (IGP) que cuente con un sistema de validación de la cosecha, se puede aplazar un parte del pago. El referido a la diferencia por el mayor precio correspondiente a la calidad validada. En este caso, igualmente, se deberá abonar dicha diferencia siempre dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que se produzca dicha validación.

La publicación del BOE recoge asimismo la obligación de que el vendedor expida una factura al comprador antes de que pasen 15 días de la fecha de la última entrega de uva realizada; salvo en ciertos casos, como el de que el viticultor esté acogido al régimen especial del IVA para la actividad agraria. En este último caso será el comprador quien emita el correspondiente recibo.

El nuevo contrato homologado exige además al viticultor que se haya realizado el cultivo respetando toda la normativa correspondiente al uso de fitosanitarios, además de incluir la posibilidad de que el comprador requiera los documentos acreditativos al respecto de ello e, incluso, que ambas partes realicen una toma de muestras para comprobar el estado de la uva y analizar residuos de plaguicidas.

El nuevo contrato homologado también incluye un procedimiento para la resolución de conflictos que pudieran existir entre el comprador y el vendedor y que en primera instancia se llevaría a cabo ante la Organización Interprofesional del Vino (la entidad que ha promovido su homologación), acudiendo sólo a la vía judicial si no hay acuerdo o, acudiendo, a la Corte Española de Arbitraje. Las organizaciones que agrupan a los trabajadores del campo han hecho un llamamiento a los viticultores “para el empleo de la herramienta desde ya”. Es decir, desde el inicio de la campaña en agosto.

De esta manera, desde las organizaciones agrarias consideran que existen mayores garantías para que se respeten los precios y pagos del producto. Otra ventaja que apuntan es que quienes se amparen en dicho contrato podrán dejar constancia de las transacciones que realizan y las discrepancias que puedan surgir en el proceso De esta manera el Gobierno y todos los eslabones operativos del vino tendrán un mayor conocimiento sobre el negocio.

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