La Administración de Justicia ha experimentado una auténtica avalancha de casos de malos tratos desde la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género en enero del año 2005, una tendencia que la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas, valoró ayer de forma positiva: "Están aflorando situaciones que ya existían pero que las mujeres no se atrevían a manifestar", dijo. En concreto, los juzgados especializados en esta materia han dictado desde 2005 un total de 69.400 sentencias contra presuntos maltratadores en toda España. Respecto a este volumen, Comas llamó la atención sobre el hecho de que el 30 por ciento de los casos -uno de cada tres- acabó en absolución o se archivó.

La experta hizo esta reflexión durante la ponencia inaugural de las jornadas Mujeres y derechos de ciudadanas, organizadas por la Subdelegación del Gobierno y orientadas a la formación de miembros de los cuerpos de seguridad y de los funcionarios. La "complejidad de las relaciones sentimentales" y la "propia idiosincracia del problema" son los motivos que llevan a las mujeres a retractarse de sus acusaciones y a retirar las denuncias. Esto ocurrió en el 14 por ciento de las absoluciones. En otras ocasiones, las víctimas se acogieron al derecho a no declarar en el juicio debido a que la convivencia con el presunto maltratador se había reanudado. Ante esta tesitura, los jueces no tuvieron más remedio que dictar sentencias a favor del varón. Otras absoluciones se producen debido a que "no hay prueba suficiente para condenar" o porque "hay dudas de credibilidad en el testimonio de la víctima", reconoció Comas. A pesar de este elevado porcentaje de absoluciones, la experta reconoció que desde la entrada en vigor de la ley integral han aumentado las condenas, ya que los jueces cuentan con otros elementos de valor aparte de la propia declaración de la pareja.

La responsable del Observatorio contra la Violencia Doméstica fue interrogada sobre si el elevado listado de procedimientos encierra una cantidad significativa de denuncias falsas. Comas fue tajante: "La cifra es tan irrelevante e irrisoria que no merece la pena tenerla en cuenta. En nuestro país no se ha detectado ese problema", agregó. La vocal del CGPJ hizo hincapié en las diferencias existentes entre la "falta de pruebas" a la hora de condenar a un presunto agresor y la "presentación de denuncias falsas" por parte de las mujeres.

Durante la presentación de las jornadas, el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, apostó por la coordinación para mejorar la eficacia de las medidas contra la violencia, que en España se ha cobrado 510 víctimas desde 2000. "Son unas cifras inadmisibles, no hay ninguna sociedad que pueda soportar esta brutalidad", lamentó. La alcaldesa, Rosa Aguilar, recordó que la Policía Local de Córdoba es la primera en España que tiene acceso al sistema integral del seguimiento de las víctimas.