Unos 17.455 jóvenes, 1.471 de ellos cordobeses, ya han pedido en Andalucía la Renta Básica de Emancipación (210 euros) desde su puesta en marcha el pasado mes de enero. De todas las solicitudes, se han resuelto en sentido positivo 7.475, aunque el pago de esta ayuda sólo ha alcanzado durante el primer semestre del año a 2.224 personas.

Con estas cifras, Andalucía se sitúa en segundo lugar tras Cataluña (con 8.600 solicitudes) en cuanto a peticiones resueltas, según los datos facilitados por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. El total de solicitudes presentadas en Andalucía, ya sea por escrito o por vía telemática, sitúan a la comunidad en el tercer puesto tras Madrid (34.774) y Cataluña (22.177). Sin embargo, Andalucía es la primera en el cómputo de toda España en el pago de esta ayuda.

Por provincias, Sevilla, con 4.401, es la primera en cuanto al número de solicitudes presentadas. Les siguen Málaga con 3.704; Cádiz con 2.478; Granada con 2.280; Córdoba con 1.471; Almería con 1.146; Jaén con 1.044, y Huelva con 931 solicitudes presentadas.

Con la idea de mejorar la gestión de este servicio, el pasado 12 de mayo la Consejería de Vivienda puso en marcha un servicio de atención telefónica (902 12 58 88) en el que se facilita información sobre la tramitación de las subvenciones en materia de vivienda, en concreto sobre los 210 euros que constituyen la Renta Básica de Emancipación.

Desde su puesta en funcionamiento hasta el 30 de junio, el servicio telefónico de información ha recibido un total de 3.965 llamadas, lo que supone una media de 198 llamadas diarias. La Renta Básica de Emancipación entró en vigor el 1 de enero de 2008 y es una ayuda pensada para los jóvenes de entre 22 y 30 años que tengan una fuente regular de ingresos que no supere los 22.000 euros brutos al año y que sean titulares del contrato de arrendamiento de su vivienda habitual.

En términos generales, consiste en 210 euros mensuales para el pago del alquiler de la vivienda habitual durante un máximo de cuatro años, aunque también contempla 600 euros de préstamo que se pueden utilizar para la fianza (dinero que al finalizar el contrato de alquiler o cuando se deje de recibir la renta de emancipación, deberá devolverse). La ayuda, además, es compatible con otras como la deducción fiscal a favor del inquilino y con otras subvenciones o beneficios fiscales, recordó la Consejería.