Mira que se veía venir. El teatrillo de todos los años tras la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se ha cumplido a rajatabla. Indignación de unos y exaltación de otros, como no podía ser de otra manera. Argumentario de partido para alabar o criticar unas cuentas que aún no sabemos si acabarán aprobándose y que, aunque mejoran, son más de lo mismo. Los mismos proyectos de hace décadas. Algunos se incluyen y otros ya es que ni siquiera aparecen. Para qué.

La buena noticia es que al menos Córdoba no es la última provincia en inversión por parte del Estado. Ya decíamos la semana pasada que poco se podía sostener ese mensaje después de varios ejercicios a la cola. La inversión sube y lo hace de manera considerable, todo sea dicho, un 47%, pero es que el punto de partida era tan bajo que hemos pasado de ser los últimos a estar entre los cinco últimos. Al menos con los Presupuestos Generales podemos realizar esa comparación, algo imposible con las cuentas de la Junta de Andalucía, donde se ocultan los datos por provincias como antes sí ocurría. Estrategia que flaco favor le hace a la transparencia que tanto propugnan los políticos pero que no impiden que sigamos teniendo la certeza que las inversiones del gobierno autonómico en Córdoba son tan ridículas como la del Ejecutivo central.

Lo que lastra a la ciudad también es la falta de un modelo, de un plan, de una estrategia

La misma tarde del martes ya hubo reacciones del PP y del PSOE; reacciones que se han ido sucediendo durante toda la semana. Para los populares son las cuentas de las personas, de los pensionistas, de los agentes de las cuerpos de seguridad, de los jóvenes y de las familias numerosas. Para el PSOE son inaceptables, injustas, indefendibles, como dijo la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, el pasado viernes.

La regidora defendió que las partidas previstas para Córdoba castigan a la ciudad, el mantra de cada año. Da igual que suba la inversión. Son malas, igual de malas que el año pasado o peores. Es lo que toca, no hay más. Sin embargo, Ambrosio no dijo nada acerca de lo que el Ayuntamiento pretende hacer con los 2,5 millones de euros que el Estado le transfiere y que también aparecen en los PGE de este año. De esa partida, en 2016 se tuvo que devolver un millón de euros y en 2017 se destinaron, entre otros asuntos, a pagar inversiones de Emacsa o de la Gerencia Municipal de Urbanismo para no tener que devolver de nuevo dinero.

El Ayuntamiento, además, va a tener por segundo año consecutivo un superávit millonario fruto -como apuntan los informes de financieros de técnicos municipales- de no gastar lo que se proyecta. Todavía queda un 25% de las obras de Mi barrio es Córdoba del año pasado sin ejecutar y nada se sabe todavía de las actuaciones previstas este año. En este ejercicio, además, Infraestructuras no depende del convenio con el Ministerio de Hacienda y los presupuestos municipales están en vigor desde el pasado 1 de enero.

Está claro que las cuentas del Estado no son para tirar cohetes -como tampoco las de la Junta- y que la política es así y hay que hacer los teatrillos de siempre, pero lo que lastra a la ciudad no es sólo la falta de compromiso de otras administraciones. Es también la falta de nuevos proyectos, de ideas que tomen forma y salgan adelante. La falta de un plan, una estrategia, un modelo para desarrollar en la ciudad que ni está ni se le espera. La política no debe quedarse sólo en la crítica sino que debe ser el instrumento para cambiar y transformas las ciudades. Y eso en Córdoba hace tiempo que no pasa.