El Plan de Prevención y Atención de Agresiones para Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía registró durante 2012 un total de 925 agresiones a profesionales que trabajan en el ámbito sanitario, de las que 711 fueron verbales y 214 físicas, lo que supone un 16% menos que las registradas en 2011. En concreto, hace dos años se registraron 1.076 agresiones -831 de ellas no físicas y 245 físicas-, por lo que, respecto a ese año, en 2012 se han producido 151 agresiones menos, de ellas 31 físicas menos. El balance en Córdoba, por contra, no resulta tan positivo, pues la cota volvió a situarse por encima de las 100 agresiones -110 en concreto-, lo que supone un empeoramiento en la tendencia que se había vivido en los últimos años, cuando llegó a bajarse incluso de las 90. Las cifras cordobesas confirman en cierto modo las alarmas que ya encendió en su día el sindicato Satse sobre un repunte de este tipo de situaciones de violencia y hace temer que sea cierto el augurio de ciertos colectivos sanitarios que han aludido en los últimos meses a que los recortes de personal que padecen los centros de salud y hospitales pueden traer de la mano una bajada sustancia de la calidad del servicio y un aumento del tiempo de espera, lo que podría generar, según intuyen, una mayor conflictividad. Según datos oficiales de la Consejería de Salud, el 70% de estas 925 agresiones registradas en Andalucía en 2012 las sufrió el personal sanitario propiamente dicho, siendo Sevilla, con 245 agresiones, la provincia con más episodios violentos del tipo. Le siguen Málaga, con 205 agresiones, Córdoba (110), Cádiz (97), Huelva (96), Jaén (69) y Granada (68).

El plan andaluz de prevención contra las agresiones se puso en marcha en abril de 2005 con el objetivo de dotar a los profesionales de la sanidad de las medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo. De hecho, desde el 2005 el SAS ha destinado más de 140 millones de euros a medidas de seguridad. En concreto, ha adquirido 2.091 timbres antipánicos, 1.446 interfonos, 1.559 teléfono directo seguridad, 555 salidas alternativas, 1.191 videocámaras, 423 vigilantes de seguridad, 24 botón antipánico ambulancias y otras medidas como mamparas, detectores, etcétera.

La prevención de situaciones de conflictividad que puedan derivar en agresión es uno de los ejes fundamentales del plan, de ahí que esta iniciativa también forma a los profesionales en el manejo de situaciones de riesgo. Así, el plan establece un protocolo de actuación en el que se recomienda a los profesionales qué hacer ante una agresión física o verbal. La primera medida que se aconseja a los trabajadores de la sanidad es solicitar ayuda a una tercera persona (personal de seguridad o un compañero) para manejar la situación y, al mismo tiempo, para que pueda ser testigo de los hechos. Si la situación persiste, se recomienda avisar a los Cuerpos de Seguridad para que se personen en el centro y notificar el hecho al responsable del centro sanitario. En el marco del plan, el trabajador afectado cuenta también desde el primer momento con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico.

De hecho, los servicios jurídicos del SAS consiguieron entre enero y septiembre de 2012 un total de 194 sentencias condenatorias por agresiones sufridas por los profesionales, según la información facilitada por la Junta, en la que se refleja que 16 de estas condenas son por delito de atentado y el resto se dividen entre delito de amenazas, falta de lesiones, etcétera. La pena máxima de cárcel impuesta ha sido de dos años. En total, los servicios jurídicos han realizado 151 asistencias letradas. La sanidad es uno de los servicios públicos más afectados por la lacra de la violencia. Tal es así que, según estudios recientes, una de cada cuatro agresiones que se producen en el entorno laboral en la provincia de Córdoba ocurren en los hospitales o en los centros de salud. Los profesionales sanitarios han reclamado en diversas ocasiones la necesidad de endurecer las sanciones para las personas que incurran en acciones de este tipo y el presidente del Colegio de Médicos de Córdoba ha pedido a su vez con asiduidad que no exista ningún tipo de tolerancia en casos de esta índole.