Los grupos municipales de PSOE, IU y Podemos han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para determinar la validez de las ordenanzas municipales, aprobadas en diciembre de 2019, y sobre cuya legitimidad esta parte de la oposición tiene dudas, y también han planteado elevar esa consulta al Consejo Consultivo de Andalucía.

La portavoz del PSOE en el Consistorio, Isabel Ambrosio, ha explicado que se exige dicho pleno porque se prescindió del informe de la Intervención General y porque no se resolvieron 15 alegaciones presentadas al documento de dichas ordenanzas. Además, también ha apuntado que no se informó por parte de la Intervención General de una enmienda de carácter económico que se introdujo sobre la marcha.

Ambrosio ha denunciado que se pidieron informes a distintos órganos del Ayuntamiento "hasta en tres ocasiones" y ha insistido en que el Pleno se pide para comprobar si la aprobación de las ordenanzas se llevó a cabo con toda la seguridad jurídica.

Por su parte, el portavoz municipal de IU, Pedro García, se ha manifestado en la misma línea que Ambrosio y ha advertido de que "la seguridad jurídica es algo fundamental en cualquier proceso administrativo".

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha dicho que en la aprobación del documento de ordenanzas "se dieron cosas que nos llamaron mucho la atención", como que parte de las alegaciones no atendidas procedían del Consejo del Movimiento Ciudadano, de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara o de Rabanales 21.

La seguridad está "garantizada"

El delegado de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, ha respondido a las acusaciones de parte de la oposición sobre esa supuesta falta de legalidad en la aprobación de las ordenanzas. En este sentido, ha dicho que la seguridad de dicho documento está "garantizada" y ha apuntado que el pleno se convocará "en caso de que sea legalmente necesario".

"La tranquilidad de este equipo de gobierno es total", ha apuntado Torrico, quien ha opinado que estas críticas puedan ser una "triquiñuela administrativa" para subir los impuestos, dado que las ordenanzas de este mandato contemplan una bajada de la reducción fiscal para los cordobeses.

Además, Torrico ha dicho que existe una contradicción dentro del documento presentado para exigir el pleno extraordinario. Según el popular, por un lado piden que se incluyan los puntos de las demandas en el próximo pleno ordinario, y por otro que sea un pleno extraordinario, por lo que ha pedido que se aclaren. Torrico ha criticado también que el documento no se haya aportado a la Junta de Portavoces cuando ya estaba firmado y se haya registrado una hora después.