El PSOE denuncia que la Junta va a eliminar 13 oficinas de liquidación en la provincia de Córdoba
Rosa Aguilar considera que el cierre es "un atropello al mundo rural"
La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Rosa Aguilar ha denunciado que la Junta de Andalucía ha eliminado 13 oficinas liquidadoras en la provincia cordobesa y el “grave perjuicio que esta decisión irresponsable del Gobierno de Moreno Bonilla va a ocasionar a miles de personas”.
Aguilar ha hecho estas declaraciones después de que el delegado del Gobierno, Antonio Repullo, haya comparecido ante los medios de comunicación para asegurar que la Administración autonómica no va a cerrar ninguna de las quince oficinas que prestan este servicio en la provincia.
Sin embargo, la parlamentaria socialista ha explicado “esto es un atropello al mundo rural que va a perjudicar a los cordobeses y cordobesas y provocará un mayor desequilibrio territorial” y ha asegurado también que “la provincia de Córdoba es la que más oficinas pierde de toda Andalucía, cuando gobierna la derecha nuestra provincia se queda en el vagón de cola”.
En concreto, Aguilar ha detallado que las oficinas liquidadoras que ya no prestarán servicio son las de Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Fuente Obejuna, Montoro, Bujalance, La Rambla, Aguilar de la Frontera, Baena, Montilla, Cabra, Castro del Río, Lucena y Rute, de manera que los contribuyentes deberán desplazarse a Posadas, Priego de Córdoba o a la capital.
Aguilar ha señalado que estas oficinas prestan un servicio cercano y eficiente a los contribuyentes y ha recordado que, entre otras funciones, gestionan los impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones, donaciones, vehículos y embarcaciones y se encargan también de las liquidaciones complementarias, alegaciones, recursos de reposición y un largo etcétera.
De igual modo, la parlamentaria andaluza ha reprochado que el Gobierno andaluz “trate de confundir a la población diciendo que las oficinas no se van a cerrar”, y ha detallado que “aunque las oficinas mantendrán las puertas abiertas, no se podrá hacer liquidaciones en ellas ya que se quedan sin competencias para ello, con horarios muy reducidos y obligando al contribuyente a pedir cita previa para ser atendido y dejando de prestar el servicio de asesoramiento para realizar la declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.
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