Alrededor de 300 personas, entre jueces, fiscales, secretarios, funcionarios y abogados, se concentraron ayer a las puertas de la Audiencia Provincial para dedicarle un "no" rotundo a la ley de tasas ideada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. La movilización paralizó los juzgados durante una hora -de 12:00 a 13:00-, obligó a interrumpir vistas y, además, unió por primera vez a todos los actores judiciales en un frente común, pues nunca antes sindicatos, magistrados y fiscales habían compartido escenario de una movilización.

La protesta, que se celebró simultáneamente en todas las sedes judiciales del país, estuvo convocada, por una parte, por una comisión que agrupa a las asociaciones de jueces y fiscales y, por otra parte, por los sindicatos y por el Consejo Nacional de la Abogacía. "Los problemas de la Justicia no se resuelven impidiendo el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, como resulta de la aplicación de la injusta ley de tasas, ni vaciándola de competencias en los casos de la privatización del Registro Civil", denunció la junta de personal -integrada por CSIF, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ-, que destacó que el seguimiento fue "masivo".

Los funcionarios también insistieron en que "con la excusa de la crisis el Ministerio de Justicia se está cargando derechos laborales, que se han ido consiguiendo a lo largo de los últimos 30 años, imponiendo cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de movilidad forzosa, licencias y permisos o retribuciones". La junta de personal instaló una mesa en la entrada al edificio de la Audiencia Provincial para recoger firmas; a lo largo de la mañana logró alrededor de 500 apoyos, que se sumarán a los conseguidos en sedes judiciales de todo el país para intentar paralizar la aplicación de la ley.

El juez decano, José Carlos Romero Roa, consideró que las tasas son "excesivas" y recordó que la reivindicación de la carrera judicial se refiere también a otras cuestiones "de más calado", como "el ataque a la independencia, la falta de medios o los problemas de las sustituciones entre jueces". "La Justicia sigue siendo la hermanita pobre de la Administración, de forma que quizás ahora somos los que menos notamos los recortes porque siempre hemos estado recortados", dijo. Sobre la posibilidad de ir a la huelga, consideró que "no es la solución a corto plazo". "La solución es que los ciudadanos se den cuenta de que necesitamos una Justicia mejor, con más medios, más eficaz y más independiente", apostó.

La fiscal Consuelo Fidalgo subrayó que se han impulsado en los últimos meses reformas "clarísimamente perjudiciales" contra la Justicia, y algunas que afectan específicamente a la carrera fiscal. "El régimen de sustituciones, las limitaciones por bajas de enfermedad o las incapacidades son derechos que se ven extraordinariamente restringidos. Perdemos calidad en nuestra actividad profesional", denunció la integrante del Consejo Fiscal, quien destacó el "seguimiento unánime" en este sector con un paro y un "apagón informático".

El decano del Colegio de Abogados, José Luis Garrido, apeló a la "unidad" conseguida para intentar frenar la ley de tasas judiciales, pues "el principal perjudicado es el justiciable". "No se puede pedir 200 euros por recurrir una multa de cien. Es claramente inconstitucional y supone pasar el rodillo sobre los más perjudicados", alertó el decano, quien recordó la convocatoria de una huelga en enero.

Algunos secretarios también se unieron a la protesta. Antonio García, perteneciente a la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, recordó que "se necesitan medios materiales y humanos" y no unas tasas injustificadas". También llamó a "penalizar a los colectivos que abusan de la Justicia, como las grandes corporaciones o las aseguradoras".