Córdoba

El principal acusado de la operación Fénix niega una trama para eludir al fisco

  • Algunos abogados plantean en la primera sesión que los delitos por los que se acusa a sus clientes han prescrito

Abogados en una de las tres salas habilitadas para el juicio. Abogados en una de las tres salas habilitadas para el juicio.

Abogados en una de las tres salas habilitadas para el juicio. / Juan Ayala

El principal acusado en el juicio iniciado este martes en el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba por la operación Fénix, tras supuestamente defraudar más de 150 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios 2002 y 2006 en el sector de la joyería, ha negado que, junto con su padre, que también estaba acusado como principal cabecilla, impulsaran crear una trama para evitar pagar impuestos en la compraventa de oro.

En su declaración en la vista oral, que continuará este miércoles, el hombre, para el que la fiscal pide unos 384 años de cárcel, ha explicado que desde antes de 2002, en el año 1995, trabaja en el sector de los metales preciosos, para lo cual se incorporó a la empresa donde trabajaba su padre y lo hizo como "analista financiero" en el mercado del oro.

Al respecto, ha comentado que cobraba por otra empresa, de su tío, y trabajaba para la de su padre, en las que estuvo "haciendo labores de análisis", en los que "trataba de anticiparse y optimizar el precio de compra" de dicho metal. "Era una labor extraordinariamente difícil", ha admitido.

Entretanto, ha indicado que cuando ha estado preparando este juicio se ha dado cuenta de que otras personas eran las que constaban como administradores de las empresas de su padre, de quien ha dicho que "iba absolutamente por libre" y no compartían "ninguna información", a lo que ha agregado que él no participaba en las ventas, sino que las realizaba su padre, salvo con un cliente, a quien "únicamente le daba precio de venta del oro", pero ya no hablaban sobre la compra, según ha dicho.

"Mi padre era un vendedor extraordinario y me utilizaba a mí para las compras", ha subrayado el procesado, aludiendo a su labor de analista y remarcando que él le era "necesario para las compras". También ha aclarado que él no controlaba el departamento financiero y que "nunca" se reunió con el encargado de dicho departamento.

Además, ha asegurado que no tiene "idea de los sueldos, los salarios, ni de la estructura financiera", al tiempo que ha insistido en que él no participaba en "la determinación del precio al que tenía que ser vendido el oro".

Delitos prescritos

En las cuestiones previas, algunos abogados de los 96 acusados han planteado que los delitos por los que se acusa a sus clientes han prescrito, de hecho la Fiscalía ha respaldado esta tesis en torno a una decena de personas y la jueza ha dado la razón a algunos de los abogados sobre dichas prescripciones.

En este sentido, la magistrada ha apuntado a la posibilidad de la nulidad de las actuaciones y devolver la causa a instrucción, si bien se ha remitido a la publicación de la sentencia para resolver esta cuestión.

Las sesiones se celebrarán en tres salas conectadas en las que se sentarán 96 acusados

Las sesiones se celebrarán en tres salas conectadas entre sí, en las que estarán sentados los 96 acusados. Se prevé citar a unos 60 testigos y peritos. El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de 96 delitos fiscales, de los que acusa a 96 personas, de las que siete de ellas son procesadas por el total de delitos, entre ellas el hijo del presunto cabecilla de la trama, P.J.R.F., que se enfrenta a penas de unos 384 años de cárcel, mientras que las penas más bajas que pide la fiscal son de dos años de prisión para siete acusados.

Al respecto, la Fiscalía pide para el citado procesado penas de cuatro años de cárcel por cada uno de los delitos. Hasta ahora, desde las detenciones, las personas han estado en libertad provisional con la obligación de comparecer en el juzgado cuando fueran requeridos. Durante los 12 años de instrucción, han muerto algunos acusados y otros se encuentran internos en residencias.

El inicio de la operación, en 2006

Esta operación se inició en 2006 a raíz de que la Inspección de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona detectó numerosas irregularidades. Las investigaciones posteriores de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y del Grupo de Crimen Organizado de la Policía de Córdoba y Barcelona -que llegaron a sumar unos 100 agentes a la vez en estas tareas- dieron como resultado el descubrimiento de los responsables de las defraudaciones y su detención.

La sociedad principal, de la que formaban parte los cabecillas, radicada en Barcelona, supuestamente se dedicaba a importar desde Suiza oro fino de 999,9 milésimas, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía, y sobre todo, en Córdoba.

La empresa presuntamente hacía figurar como destinatarios a otras sociedades creadas por ella misma, con lo que al tiempo que justificaba sus ventas supuestamente ocultaba a los verdaderos destinatarios, que no aparecían en las facturas y eludían de esta forma el pago de impuestos, tanto por las ventas en la imposición indirecta (IVA), como por los beneficios en la imposición directa (IRPF o Impuesto de Sociedades).

La mercantil catalana, para dar satisfacción a sus clientes, que solicitaban que sus compras permanecieran ocultas y así poder justificar a su vez sus ventas, presuntamente creaba sociedades interpuestas a las que formalmente vendía el oro sin factura a sus clientes, siendo los fabricantes de joyería y mayoristas sus destinatarios. Estos últimos lo revendían posteriormente, también sin factura, a otros fabricantes, según la investigación.

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