La iniciativa Aire ha alcanzado prácticamente el 40% de las 1.069 contrataciones previstas en Córdoba. Este programa que la Junta financia con casi 13,2 millones de euros tiene el objetivo de "fomentar el empleo en los municipios contribuyendo a su recuperación económica y a paliar los efectos del covid-19”, según ha detallado el delegado de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Ángel Herrador.

El responsable territorial ha destacado que este plan se resolvió a finales de agosto, "20 días antes de lo previsto", y que gracias a ello los ayuntamientos pudieron iniciar las contrataciones a finales de septiembre. "Esto quiere decir que en apenas dos meses ya se ha realizado un importante número de contrataciones que suponen para muchas personas desempleadas una oportunidad laboral en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo".

Además, ha apuntado que este programa "trae como principal novedad la prioridad de unos colectivos sobre otros, teniendo preferencia a la hora de las contrataciones trabajadores provenientes de sectores como hostelería, alojamientos, viajes, turismo o actividades deportivas y de ocio y aumentado también las cuantías de los contratos por categorías".

Hasta el 25 de noviembre, los 74 ayuntamientos participantes en esta iniciativa han realizado 420 contrataciones; 187 entre el colectivo de jóvenes menores de 30 años, 113 entre las personas desempleadas entre 30 y 44 años y 120 a los mayores de 45 años.

La iniciativa Aire va a suponer la contratación de 1.069 personas desempleadas en la provincia distribuidas en los siguientes grupos: 471 jóvenes (el 44%), 306 personas desempleadas de entre 30 y 45 años (el 29%) y 292 mayores de 45 años (el 27%); todas recibirán tutorización y orientación laboral.

El delegado de Empleo ha destacado que los proyectos que van a ejecutar los ayuntamientos cordobeses comprenden tareas que van desde la desinfección y limpieza de instalaciones y espacios públicos, como colegios, hasta la atención a personas dependientes o en riesgo de exclusión; la promoción del comercio, el turismo, la cultura y el deporte; el mantenimiento y mejora de infraestructuras ; la atención al público; o el apoyo a servicios municipales.

Salarios y criterios de selección

Los contratos de las 1.069 personas beneficiarias del plan durarán entre seis y ocho meses y todas recibirán tutorización y orientación laboral. Los salarios variarán según el grupo de cotización entre 8.800 y 11.700 euros (para seis meses). Por cada mes que se amplíe el contrato sobre los seis iniciales, se incrementa el incentivo en una horquilla que va desde los 1.950 euros al mes (grupo 1 de cotización) hasta los 1.480 (para los grupos 4 al 10 de cotización).

Las personas que quieran participar en Aire tienen que estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el SAE. Los jóvenes de entre 18 y 29 años han de estar inscritos también en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y los desempleados mayores de 45 años deben ser de larga duración.

Los ayuntamientos han de presentar sus ofertas en el SAE, que enviará dos candidatos por cada puesto a los ayuntamientos para realizar la selección, en función de unos criterios de prelación. En primer lugar, tendrán prioridad los desempleados residentes en el municipio que estén especialmente afectados por la crisis sanitaria, es decir, las personas que, sin haber sido contratados desde el 1 de marzo, sí tuvieron un contrato con carácter temporal entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2018, o desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2019, en las actividades de servicios de alojamiento, servicios de comidas y bebidas, actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos, y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento.

También tendrán prioridad para ser contratadas las personas que no sean beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio, seguidas de beneficiarios del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, perceptores de subsidios por desempleo, Renta Activa de Inserción (RAI), de Renta Agraria y, finalmente, personas beneficiarias de prestación contributiva por desempleo. A continuación, vendrán los desempleados residentes en el municipio de referencia, aplicando los mismos criterios de prelación anteriores.