La Fiscalía de Córdoba solicita penas por un total de 12 años de prisión y multas por valor de 9.000 euros para un matrimonio acusado de la supuesta comisión de un delito de estafa utilizando el engaño y el abuso de la credibilidad, en una permuta de inmuebles con tres personas mayores que perdieron su vivienda habitual, en la localidad de Guadalcázar. Según recoge la calificación del Ministerio Público, las tres personas mayores contactaron en el año 2006 con el acusado, P.T.G., quien les ofreció permutar la casa y el solar que tenían como único patrimonio, valorados en 128.616 euros, por un piso nuevo y un trastero ubicados también en Guadalcázar.

Con este propósito, en febrero de 2006, ambas partes firmaron el contrato de permuta, en el que el acusado aparece como apoderado de una entidad, haciéndose constar en el documento que esta sociedad es propietaria -adquirido por documento privado- del piso y trastero permutados, los cuales se encuentran libres de cargas y gravámenes. Además, para aparentar la realidad de dicha afirmación, el procesado usó, "sin autorización de la entidad promotora de viviendas", diversa documentación relativa a la promoción de inmuebles, como planos y memorias de calidades, como apunta el fiscal.

De este modo, en marzo de 2006 acudieron las partes a una notaría para hacer las escrituras y es entonces cuando supuestamente P.T.G. puso en marcha una estrategia dirigida a obtener un beneficio económico a costa de los otros permutantes. En concreto, convenció a estos de que, "por economía de gestión y razones fiscales", en lugar de elevar a pública la permuta, realizarían una doble operación, según el fiscal. Así, se firmó por un lado la escritura pública de compraventa de los inmuebles -la casa y el solar- a favor de una entidad, representada por la esposa del acusado y también procesada, D.G.C., que en su condición de administradora única de la citada sociedad supuestamente adquirió legal y formalmente la titularidad de los inmuebles sin haber entregado precio alguno.

Por otro lado, se otorgó un contrato privado de compraventa de la vivienda y el trastero a favor de las tres personas mayores. En esta operación, también actuó y firmó la acusada, atribuyéndose "falsamente" la condición de apoderada de otra entidad, manifestando "haber recibido el precio, al tiempo que ocultaba las cargas hipotecarias existentes sobre la vivienda y el trastero".

Una vez los acusados adquirieron la titularidad de la casa y el solar, los inscribieron a su favor y dispusieron de ellos. Sin embargo, cuando las personas mayores de edad pidieron la entrega de los inmuebles, supieron que la acusada carecía de capacidad y poder para la venta de tales inmuebles pertenecientes a la sociedad de la que supuestamente se atribuyó ser apoderada.

En este sentido, como resultado de la trama protagonizada por el matrimonio acusado, las tres personas de avanzada edad quedaron privadas de su vivienda habitual "sufriendo con ello un grave perjuicio económico y emocional", como apostilla el fiscal.