Córdoba cerró la lista de dependencia en 2021 con 27.810 personas atendidas y con 39.871 prestaciones emitidas, unos datos que van en consonancia con los resultados andaluces, donde hay 257.000 usuarios y 360.000 prestaciones. Estas cifras suponen un incremento a raíz de la pandemia del covid, que en la provincia se traduce en 5.562 personas y 10.325 prestaciones más. 

Estos datos emitidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), órgano dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, han sido expuestos este martes por el delegado territorial de Igualad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Córdoba, Antonio López, que ha indicado que "reflejan un esfuerzo en la gestión en materia de dependencia, incrementando la tasa de cobertura de personas atendidas, un esfuerzo extraordinario sin perder la calidad". 

La evolución que ha sufrido la dependencia en el año 2021 "duplica los objetivos marcados", ha afirmado López, que además ha indicado que Andalucía es la comunidad autónoma que ha incorporado en el pasado año el mayor número de personas beneficiarias a los sistemas públicos de dependencia. 

De hecho, casi un 30% de las nuevas personas que se suscribieron en el 2021 a la dependencia en toda España proceden de Andalucía, o lo que es lo mismo, de cada tres españoles que se hayan incorporado a un sistema público de alguna comunidad autónoma, uno es andaluz. 

Andalucía también es la región donde más ha descendido la lista de espera, pasando de 75.097 personas en el 2018 a 38.325 en la actualidad. En Córdoba, se ha pasado de 6.620 a 4.267 -casi 2.500-, lo que si bien “no es un dato para tirar cohetes, sí demuestra un descenso paulatino”, ha indicado López. 

Pese al impacto del covid, el delgado ha asegurado que estos datos han sido posibles por una inversión de 2.500 millones en Servicios Sociales, de los cuales 1.800 han ido destinados a materia de dependencia y cuya ejecución ya está en el 99% de su capacidad. 

Antonio López también ha asegurado que se ha profesionalizado el sistema en dependencia, en concreto, en el servicios de ayudas a domicilio, donde hay 15.554 personas incorporadas en Córdoba, lo que supone un incremento del 56%. En Andalucía son 129.060 personas, un 50% más. 

Las condiciones de las trabajadoras que operan en este servicio supone igualmente un aumento del coste-hora en un 12,3%, pasando de de 13 a 14,6 euros. López ha informado de que se han abonado a las entidades locales 86 millones de euros para pagar este servicio de ayuda a domicilio. Dicha cantidad es un 46,8% más desde 2018, cuando se produjo el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. 

Respecto a las plazas residenciales, también han crecido en 166 en Córdoba, mientras que en Andalucía el incremento ha sido de 283 plazas más, sumando un total de 1.912. 

"Estos datos serían mejores si la financiación fuera justa y adecuada y se cumpliera el pacto de Estado en materia de dependencia", ha indicado el delegado. Este acuerdo otorga a la comunidad autónoma y al Gobierno central a abonar los costes en materia de dependencia de manera equitativa, actualmente el 75% de los costes son del gobierno andaluz, según ha explicado López. 

El delegado también ha querido recordar que el servicio público de dependencia en materia de Andalucía ha sido reconocido por el Ministerio de Servios Sociales en el observatorio de dependencia como el segundo mejor servicio público de España.

Simplificación de trámites

En la misma comparecencia, el Ejecutivo andaluz ha destacado el proyecto piloto que están llevando a cabo Lucena y Montilla para agilizar los trámites en el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía.

El objetivo es simplificar en un solo acto los procedimientos de valoración y desviación a la espera de los resultados obtenidos aplicados en toda la comunidad autónoma. El delegado ha asegurado que por ahora los "resultados son excelentes", ya que se está consiguiendo simplificar el tiempo en más de la mitad.

En la actualidad, el tiempo medio para las solicitudes, contando con las valoraciones iniciales, es de 11 o 12 meses, si bien se hay zonas de trabajo social que está en nueve o 14 meses. Ante esta situación, López ha asegurado que antes del cambio de gobierno estaba entre 15 y 16 meses de plazo. 

"Somos conscientes de los logros que hemos alcanzado pero entendemos que todavía queda un importante camino por recorrer para mejorar el sistema público de dependencia, y uno de los pilares fundamentales de esa mejora es la reducción de los tiempos de espera", ha comentado. 

Además, se ha implementado la tramitación electrónica del procedimiento en materia de dependencia y también se ha acordado la aplicación de un protocolo de emergencia para los casos que necesitan una atención inmediata.

Si a los resultados del proyecto piloto "le unimos la tramitación electrónica del procedimiento, se consigue una reducción en algunos casos del 70%", ha finalizado el delegado.