El personal de los centros de protección de menores dependientes de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Córdoba, se ha concentrado este jueves ante la sede de la Delegación de Salud para volver a reclamar que se active con carácter urgente el proceso de vacunación frente al covid-19 de todos los trabajadores de estos centros, ya que están considerados servicios esenciales desde que se decretó el estado de alarma.

Además, las trabajadoras han presentado un escrito con la firma de la mayoría de la plantilla en el que explican la situación en la que se encuentran y vuelven a reclamar la vacunación de este personal.

Salvo algunos centros de Almería y Huelva que aún quedan por vacunar, el resto de provincias ya ha inmunizado a este personal. No así en Córdoba, en donde las trabajadoras que han sido vacunadas han recibido las dosis por cuestión de edad, no por ser profesionales esenciales.

Los sindicatos CCOO, CSIF y Ustea han recordado que han realizado una labor sociosanitaria y educativa desde el inicio de la pandemia y actualmente continúan desarrollándola, lo que supone una exposición continua y constante a un riesgo permanente de contagio dada la naturaleza del trabajo que desempeñan.

En este sentido, remarcan que este personal atiende tanto a los casos de menores positivos de covid-19 que se producen en los centros como aquellos casos provenientes del exterior, menores ingresados en el centro habiendo dado positivo en covid-19, de forma que cuando se detecta un positivo, "el personal queda totalmente desprotegido al no ser considerados contactos estrechos, de acuerdo con las instrucciones recogidas en los protocolos de actuación".

De hecho, "los casos únicamente son detectados cuando aparecen síntomas y quizás en ese momento ya sea tarde, lo que pone en riesgo continuo a los menores, los trabajadores y a su entorno más cercano", aseveran los sindicatos. "Se está creando el caos y es tremendo lo que se puede montar, nos podemos ver todas contagiadas sin saberlo y multiplicando los casos”, según la delegada de CCOO en los centros de protección de menores, María José Caño.

Para los sindicatos, dicha situación constituye un "ejemplo claro de falta de sensibilidad y responsabilidad de la Delegación de Salud" por "obligar al personal de los centros de protección de menores a desarrollar tareas de carácter sanitario más allá de la naturaleza de sus propias funciones". Con el "agravante añadido", apuntan, "de no considerar el grave riesgo de contagio masivo al que se ven sometidos los menores y la totalidad de los trabajadores".

Por lo tanto, denuncian "la dejadez y abandono de la Administración andaluza y, concretamente, de la Delegación de Salud y Familias de Córdoba, con el personal de los centros de protección de menores, considerados centros sociosanitarios, en relación con la actual situación de pandemia y del plan de vacunación al que hace tiempo debería de haber accedido ya que se encuentran catalogados en el apartado 3B de los grupos de priorización de vacunación ante el covid-19".