Córdoba

El personal del Consistorio rechaza el plan de ajuste por los "riesgos" para el empleo

  • El comité de empresa critica que se haya privatizado el Alcázar, ya que así "se encarecen" los servicios municipales

El comité de empresa y la junta de personal del Ayuntamiento de Córdoba mostró ayer su "total rechazo" a la renovación del plan de ajuste aprobada por el gobierno municipal, puesto que "pone en riesgo el empleo de muchos trabajadores y dejan en una situación penosa a sus familias".

El colectivo se une así al paso que dio hace sólo una semana la plataforma de personal municipal -en la que se incluyen tanto las empresas dependientes del Ayuntamiento como los trabajadores del mismo-, que ya mostraron sus dudas sobre las consecuencias que podría tener el plan de ajuste y solicitaban una reunión con el alcalde, José Antonio Nieto. La junta de personal y el comité de empresa rechazan de manera frontal este acuerdo porque consideran que traerá recortes de personal en las empresas municipales.

El colectivo lamentó ayer que "se llevan a cabo políticas que ponen en manos privadas el patrimonio de los cordobeses, como en el caso del Alcázar de los Reyes Cristianos, permitiendo que una empresa privada siga lucrándose de unos recursos que deberían ir a las arcas del propio Ayuntamiento y ser utilizadas para el mantenimiento y creación de empleo para los cordobeses". En este sentido, ven "lamentable" que el gobierno municipal del PP esté llevando a cabo "una política de abandono de los servicios municipales, no dotándolos de medios materiales y de recursos humanos con el único fin de deteriorar la imagen de los empleados públicos y del servicio público para justificar su privatización". Aunque dicha "privatización", advirtieron, "encarece los servicios municipales como ha quedado demostrado con el servicio de Parques y Jardines o con el servicio del Alcázar de los Reyes Cristianos".

El plan de ajuste fue reformado hace menos de un mes después de que el Ayuntamiento solicitara acogerse al tercer plan de pago a proveedores. El documento incluye, entre otras novedades, la exigencia a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para que acometa un plan de viabilidad que le permita equilibrar sus cuentas y, si no consigue sanear sus deudas, el organismo tendrá que disolverse en 2015. También se establecen las principales claves sobre las ordenanzas del año que viene y la situación sobre el resto de empresas públicas. Según el gobierno municipal, no hay nuevas medidas de recorte sino algunas modificaciones como es el caso de la Gerencia y una modificación en cuanto al IBI que podría congelarse en 2015 en función de los ingresos.

Los partidos de la oposición, no obstante, ya mostraron también sus dudas al programa durante la celebración del pleno extraordinario que se encargó de su aprobación. Así, los portavoces de IU, PSOE y Unión Cordobesa (UCOR) consideraron que el documento crea incertidumbre para las empresas públicas y abre las puertas a más despidos.

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