Córdoba

Los parcelistas de Obejo pedirán 360.000 euros de indemnización

  • Las familias afectadas por el derribo de cinco viviendas recurrirán a la vía penal para acusar de presunta estafa al promotor de los inmuebles, ya condenado

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Los cinco parcelistas afectados por el primer derribo de viviendas ilegales en Córdoba pedirán indemnizaciones que alcanzarán los 360.000 euros al promotor de los inmuebles, F. O. R., condenado en sentencia firme por un delito contra la ordenación del territorio en Obejo. El representante legal de las cinco familias, Rafael Aranda, aseguró ayer que "en breve" emprenderán acciones legales por la vía penal contra el procesado por un supuesto delito de estafa, pues F. O. R. omitió según ellos en el momento de la venta que las casas no podían ser regularizadas. Durante el procedimiento que el juez de lo Penal siguió en su contra, además, no dijo que las casas habían sido vendidas.

El histórico derribo se ejecutó el pasado 19 de diciembre, a pesar de que las familias presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). Aranda, no obstante, informó ayer de que el tiempo medio del alto tribunal español para la resolución de expedientes es de dos años, por lo que la reparación del daño no será posible.

Las cinco familias compraron las casas -ubicadas en el paraje de Pedrique- en fase de cimentación. Algunos confiaron a F. O. R. el levantamiento de los muros y las cubiertas; otros emplearon los fines de semana y los días de descanso para hacerse una segunda vivienda en la Sierra, a apenas media hora del casco urbano de Córdoba. En el paraje de Pedrique existen otras 90 viviendas, todas sin autorización. A pesar de esto, disfrutan de luz, de agua y de servicio municipal de recogida de basura. Así que los parcelistas nunca sospecharon que sus viviendas serían demolidas.

Aranda calculó ayer que cada afectado ha invertido entre 72.000 y 90.000 euros en la vivienda, por lo que la indemnización por la reparación de los daños podría alcanzar los 360.000 euros. Los afectados remitieron un escrito al juez que ordenó el derribo para intentar que frenara la resolución, pero el magistrado no cedió. El Ayuntamiento de Obejo tampoco lo logró.

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