El Juzgado de lo Penal número 5, el órgano más reclamado por el sector en Córdoba para acabar con el colapso de casos existentes en la jurisdicción penal, entró en marcha oficialmente el pasado 30 de diciembre. Teóricamente, los funcionarios se pusieron manos a la obra para descargar las estanterías de los otros cuatro penales. Pero la realidad dista mucho de esta situación: en la práctica, los ocho funcionarios que conforman la plantilla del nuevo órgano llevan varios días laborables con los brazos cruzados, entre otros motivos, porque ni siquiera poseen conexiones informáticas, según comprobó ayer El Día.

La creación del Juzgado de lo Penal número 5 lleva varios meses envuelta en la polémica. En primer lugar, los jueces propusieron que el órgano entrara en funcionamiento el pasado junio -fecha en la que sí se crearon órganos en otras ciudades como Zaragoza-, pero los plazos avanzaron y la puesta en marcha se retrasó seis meses. También generó polémica entre la plantilla judicial la decisión de la Junta de Andalucía de ubicar el nuevo órgano en las mismas instalaciones que el penal 2, con la consiguiente pérdida de espacio para éste.

La inauguración, finalmente, llegó el pasado martes. Ayer a mediodía, sin embargo, el juzgado no había recibido ni un solo caso mientras la agenda de los otros cuatro órganos de esta jurisdicción sigue aumentando. Fuentes judiciales informaron de que el señalamiento de vistas orales alcanza ya el mes de octubre, mientras que las sentencias en fase de ejecución se cuentan por miles. Por otra parte, el titular del nuevo penal todavía no ha ocupado su puesto, debido a que tiene ocho días de plazo para realizar el traslado desde su anterior puesto.

A mediados de octubre, la Junta de Jueces Penales ya advirtió de la difícil situación y acordó por unanimidad exigir a la Consejería que disponga el personal de refuerzo necesario para dar salida a las más de 750 ejecutorias que habían entrado desde enero en cada juzgado y evitar así que pudieran repetirse casos como el de la niña Mari Luz Cortés. Este volumen de ejecutorias suponía hasta octubre un incremento del 20% respecto a las recibidas durante el mismo periodo de 2007, lo que hizo que los magistrados tacharan la situación de "insostenible".

La Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer y la reforma del Código Penal que considera delitos un buen número de infracciones de tráfico son sólo dos de las causas que han llevado a la saturación de estos órganos en el último año. Y es que la tipificación de nuevos delitos no ha ido pareja al aumento de la plantilla ni a la creación de nuevos órganos, según las reiteradas denuncias vertidas por los sindicatos.

El último órgano en incorporarse a la planta provincial fue el de violencia de género, en julio de 2006, del mismo modo que a finales de 2005 echaron a andar el de instrucción número 2 de Puente Genil y el Contencioso 4 de la capital. El martes, además del Penal 5, empezaron a trabajar el Contencioso 5 y el número 10 de Primera Instancia. La visión que tiene CCOO de esta ampliación no es muy optimista, pues según su delegado, Vicente Baylina, estas instancias llegan "tarde y mal". A su juicio, el Penal 5 estará "saturado" en dos meses, pues para descargar el exceso de trabajo de las otras unidades asumirá el 100% de los casos de maltrato.