El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba ha expresado este viernes sus "dudas" sobre la decisión de gestionar el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de forma directa por parte del Ayuntamiento, puesto que el déficit previsto "de proporciones desconocidas" recaerá sobre los presupuestos municipales. Históricamente, este equipamiento se diseñó bien con la participación de otras administraciones (Junta de Andalucía, Diputación o Gobierno central), bien del sector privado, recuerda el organismo que preside Juan Andrés de Gracia en su dictamen.

"Nada de eso va a suceder y se carga a los fondos municipales un servicio que, para tener cierta viabilidad, tiene que contar con el apoyo cierto de esas otras administraciones y del sector privado. No entendemos que este último se reserve solo para cobrar por servicios que preste al CEFC, como seguridad, organización o limpieza", censura el Movimiento Ciudadano, que tampoco entiende que "no se asegure que las ferias de la provincia y parcialmente de la comunidad andaluza se celebren en número suficiente en el CEFC".

El organismo, igualmente, considera "absolutamente indeterminado" no fijar el personal que se piensa destinar a este servicio público que nace dentro de un área, la de Reactivación Económica, pero sin fijar un personal mínimo suficiente para que pueda desarrollar su trabajo. "Ello pone en duda la viabilidad del mismo. Si no se fija qué personal se tendrá solo puede significar que se van a externalizar todos los servicios, lo que necesitará de un tiempo indefinido para su contratación", advierte.

También llama la atención sobre el hecho de que "no se fija quién elaborará la carta de servicios, el plan de mejora continua, los procesos de normalización, las encuestas de satisfacción protocolos de uso o la memoria anual", por lo que queda "todo en el aire, al no saber con qué estructura de personal se va a contar".

Sobre la forma de financiación del servicio, advierte que "se debería tener en consideración precios especiales para entidades sin ánimo de lucro". Asimismo, en los derechos de los usuarios el respeto a sus creencias y opiniones, llama la atención sobre el hecho de que "tendrán como límite el respeto a la declaración universal de los derechos humanos y los valores constitucionales". Por último, considera que se tendría que incluir la obligación de crear un reglamento de régimen interior.