Poco a poco las ayudas de la Ley de Dependencia están llegando a los cordobeses. Según los últimos datos facilitados por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, un total de 10.417 personas reciben ya alguna prestación económica por parte de la Administración. Se trata de los grandes dependientes, es decir personas que tienen un grado de minusvalía del 75% y han obtenido la mayor valoración del cuidador que los ha evaluado. En este apartado se ha evaluado ya a 13.332 personas, por lo que el 78% de los grandes dependientes disfruta ya de la pensión. En total, la Administración autonómica ha recibido 25.379 peticiones para ser declarados dependientes, y ahora sólo un porcentaje muy pequeños está recibiendo algún tipo de prestación. De hecho, esta normativa siempre ha estado acompañada de polémica porque son las comunidades autónomas las que tienen que gestionar las ayudas y, en la actualidad, se carece de recursos para complacer a toda la población.

Las evaluaciones también se están demorando. El primer grupo que incluye la normativa para ser valorado es el de los grandes dependientes. Después empezarán a beneficiarse los dependientes severos, que requieren la ayuda de un cuidador dos o tres veces al día. Los últimos en incorporarse serán los que necesiten ayuda de una persona una vez al día y que están registrados dentro de un nivel de dependencia moderada. Hasta el momento, un total de 13.332 dependientes de las dos primeras categorías ya reciben algún tipo de prestación, aunque aún quedan muchas solicitudes que valorar. Entre las prestaciones que ofrece la Junta de Andalucía a estos colectivos se incluyen las ayudas a domicilio, las plazas en residencia o la teleasistencia, entre otros. Además también hay otra de tipo económico -unos 375 euros mensuales- para recibir los servicios de la empresa privada no pueden ofertar los centros públicos y concertados. La ley de la dependencia también tiene en cuenta a los familiares de estas personas que no pueden valerse por sí mismas. Para ellos se destina una partida en función de sus ingresos y del grado de severidad de la minsuvalía del afectado.

La normativa también incluye como beneficiarios a los niños de entre cero y tres años. Los inmigrantes españoles retornados o los dependientes por disparidad mental o psíquica también están incluidos como colectivos que se pueden acoger a la ley. El Gobierno central creó un Consejo Territorial para controlar cómo se realiza la valoración de las personas dependientes. Este órgano dio luz verde la pasada semana a la cuantía mensual de las prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención a grandes dependientes y severos, así como a los salarios que pueden concederse al cuidador familiar a lo largo de 2009. Además, el Ministerio de Educación y Política Social ha destinado más de 74 millones de euros a Andalucía, que forman parte del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía que el gobierno ha dispuesto para el Sistema de Atención a la Dependencia. Andalucía ha sido la comunidad que más dinero ha recibido por "su esfuerzo en cuanto al número de beneficiarios". Este dinero, según la ministra del ramo, Mercedes Cabrera, servirán para crear empleos en el sector, ya que su adjudicación se condiciona a que sean aplicados a la creación y mejora de las instalaciones, la creación de plazas en el medio rural y la formación de profesionales.

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