Gota a gota, poco a poco, el Ayuntamiento -en concreto, la Gerencia de Urbanismo- se van a tener que hacer cargo de las facturas relativas a la exposición divulgativa Infoco, que IU se niega a pagar desde el año 2003, al considerar que se trataba de una iniciativa ajena al Consistorio influida por los intereses electorales del Partido Socialista, y en concreto de su entonces candidato, José Mellado. Si hace unos meses el Consistorio fue obligado a pagar el desarrollo de la inauguración del puente de Miraflores a la empresa que lo desarrolló, Marzo Producciones Artísticas SL, ahora ha sido el juzgado de lo contencioso administrativo número dos quien, cinco años después de aquellas actividades, ha condenado al Consistorio a que se haga responsable de los gastos pendientes.

Según la sentencia, la Gerencia de Urbanismo tendrá que hacerse cargo de una cantidad cercana a los 305.000 euros, que tendrán que actualizarse de acuerdo a los intereses legales previstos y la condena en costas, que también ha recaído en el Consistorio. Tan negativo resulta el fallo para los intereses municipales, que el servicio jurídico de la institución pedirá a los responsables políticos que le permitan presentar un recuerdo judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El tribunal rechaza los argumentos esgrimidos por los letrados municipales que aseguran que la empresa realizó los trabajos por cuenta propia esperando patrocinios privados, que tenían que desarrollar diversas empresas de la ciudad. Esas compañías, fundamentalmente promotoras, nunca llegaron a satisfacer los gastos prometidos, una vez que la Junta Electoral Provincial clausuró la exposición que se estaba realizando a pocos días de las elecciones municipales del año 2003.

El tribunal considera clave para asegurar la vinculación con la Gerencia de Urbanismo el testimonio de personal de la casa, que aseguraron que efectuaron un seguimiento de las actuaciones que se estaban preparando en el antiguo solar de La Herradura y que existía un compromiso de el Consistorio se haría cargo del dinero que no pusieran encima de la mesa las empresas. El tribunal considera que los defectos de contratación que pudieran derivarse del proyecto no son imputables a la contratista, que ha de cobrar sus servicios. Se trata de un argumentario similar al desarrollado por el juzgado de lo contencioso número uno, que llegó a tildar de "absurdo" que el Ayuntamiento considerara que las actividades se estaban desarrollado "al margen suyo".