La Policía Local nunca les ordenó que paralizaran la obra y el Ayuntamiento, incluso, les autorizó el punto de luz. Estos son algunos de los argumentos que aporta el Juzgado de lo Penal número 1 -el mismo que ordenó los derribos de Obejo- para absolver a seis parcelistas de Montilla que edificaron en el camino de Los Olivares.

La sentencia considera probado que, entre 2004 y 2005, los procesados construyeron una cochera y cinco viviendas de entre 130 y 70 metros cuadrados sin licencia, pero expone que el Ayuntamiento no requirió la paralización de ninguna obra. El suelo, sin embargo, está clasificado como no urbanizable y se incluye en la zona de la Denominación de Origen Montilla-Moriles. Los procesados, además, le compraron el terreno a un abogado experto en asuntos urbanísticos.

El juez expone, eso sí, que no existe constancia de que las casas no sean autorizables. La resolución hace hincapié en que la Administración local nunca requirió a los seis procesados que paralizaran la obra "pese a que tenía constancia de las edificaciones, tanto por su proximidad con la población a como por el tiempo que tardaron en levantarse". El Ayuntamiento, además, autorizó que los procesados engancharan agua y luz. A pesar de esto, la Fiscalía sentó en el banquillo a los parcelistas, para quienes propuso una condena de un año de prisión y el derribo de las viviendas.

La sentencia critica la "pasividad absoluta" del Ayuntamiento de Montilla y reprende su actitud, ya que en el caso aparecen "una serie de contraindicios que pudieron llevar a los acusados a la falsa creencia de que podían hacer esa edificación", pues "una vez levantada se la autorizarían". "Mi pedazo da a un camino por el que pasa todo el mundo, y hasta el alcalde [entonces, Antonio Carpio, de IU] pasó por allí andando", declaró uno de los procesados en el juicio.

Otro imputado narró: "Aquello es como si fuera un pueblo porque allí vive gente todo el año, va el panadero, hay red de agua potable...". El caso saltó a la vía judicial a raíz de un informe que la registradora de la propiedad presentó en el Ayuntamiento; ante esa comunicación oficial, el Consistorio "se limitó a trasladar el caso al juzgado y, después, a emitir un informe técnico a requerimiento del Ministerio Fiscal".