Superado ya el disgusto de que esta página no se llamará Kardo Máximo, 12, voy a evitar referirme en lo sucesivo al proceso que se abre ahora para renombrar algunas calles y dar cumplimiento así a la Ley de Memoria Histórica, más allá de sumarme a la reivindicación de mi compañero Rafael Ruiz para que se tenga en cuenta al exalcalde Andrés Ocaña en este cometido. Qué menos.

Pues eso, que aparte del cachondeo generalizado por Kardo Máximo y los coletazos del informe por la titularidad de la Mezquita -cuya credibilidad está cada vez más en entredicho- en el Ayuntamiento viven instalados en una campaña permanente que se traduce en una gestión mínima y mucho trabajo en la calle pensando ya en los votos. El ejemplo más gráfico fue el que dejó la sesión plenaria del martes. El primer pleno tras el parón de las vacaciones se ventiló en algo menos de dos horas con las ocho mociones consensuadas y una retahíla de ruegos y preguntas. Da la sensación de que esa va a ser la tónica durante los próximos meses y los plenos van a ser puro trámite porque lo importante, ahora, está en la calle. Quizá, eso sí, vendrá alguna polémica traída del panorama autonómico y nacional para que los partidos enfrenten sus posiciones y, otra vez, el salón de Plenos del Ayuntamiento se convertirá en el mejor escenario para hacer política electoral y mítines de unos y de otros. Esto venía, que no se pierda el hilo, a que el Ayuntamiento ahora mismo es una administración a medio gas, políticamente hablando, ya que la gestión ha pasado a un segundo plano y bastante tienen ya los partidos con contrarrestar las encuestas que se van conociendo y que a ninguno termina de convencer del todo. La carrera ya ha comenzado.

¿Qué hubiera pasado si los sondeos hubieran sido desfavorables a la titularidad pública?

Para lo único que quedará el Consistorio, claro está, será para sacar los asuntos que más convengan electoralmente. Y, en este caso, el tema de la Mezquita es el más llamativo. El informe que se presentó el pasado sábado por la comisión de expertos, que detalla que no hay ningún documento que acredite la cesión del monumento a la Iglesia, tenía las conclusiones escritas de antemano y estaba en un cajón guardado, esperando el mejor momento para causar efecto. Antes de hacerlo público, incluso, el Ayuntamiento realizó una encuesta para ver qué era lo que opinaban los cordobeses de un asunto tan delicado y que, según algunas opiniones, enfrenta a la ciudad. Como los resultados del sondeo fueron favorables a la reclamación de la titularidad pública, pues entonces se sacó pecho del documento y se presentó como con la mayor solemnidad posible. Y a una, será por ser mal pensada, le queda la duda de qué habría pasado con esos 20 folios si la encuesta hubiera dicho lo contrario.

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha estado una semana sin posicionarse sobre el documento, sin aclarar si asume todo lo que se incluye en él -entre otras cosas, que el edificio sufre graves deficiencias de conservación- y sin especificar cuál será el siguiente paso. Aunque ya el mismo sábado dejó entrever que su cometido acababa aquí y que pasaba el testigo al Gobierno, que era la administración que podría recurrir la inconstitucionalidad de la norma. Y ayer mismo lo confirmó con un comunicado en el que apuntaba que iba a elevar el informe a la Junta de Andalucía y al Gobierno central y aclaraba que el Ayuntamiento nunca había reclamado su propiedad, sino "el pueblo de Córdoba". El comunicado del gobierno municipal se produjo poco después de saber que más de 40 profesores de Historia Medieval criticaban el documento y rechazaban el uso de la Historia con intenciones partidistas. Cada vez salen más voces en contra de un informe en el que la mayoría coincide en que tiene poca base legal. Y es que, ya se sabe, a veces las encuestas se equivocan y las cosas no salen según lo planeado. Es lo que pasa cuando se decide en función del interés de los sondeos. Pero no se preocupen, seguro que ya están pensando en cómo darle la vuelta a las encuestas. Todo un clásico.