Lo que tantas veces se ha dicho en Córdoba, que el miedo a parcelar vendría de la primera fotografía de una excavadora derribando una parcela ilegal, ya está aquí. La destrucción por orden judicial de cinco casas sin licencia en el término municipal de Obejo (en realidad, junto a la zona cordobesa de Cerro Muriano, pasto de las construcciones sin licencia) era buscada por las autoridades de la materia como ese síntoma de que los tiempos habían cambiado. "Es importante que el público vea el derribo de una parcela", aseguraba en diciembre de 2006 el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José Antonio Martín-Caro.

Durante muchos años, es sabido que la construcción ilegal en Córdoba ha sido considerada como una suerte de autoconstrucción. La inexistente conciencia de que quien se levantaba una vivienda sin licencia podía estar cometiendo un delito -un acto reprobable en cualquier caso- generaba todo un discurso en el que, al final, se optaba por dejar hacer y tomar decisiones favorables -como la dotación selectiva de servicios- con el objetivo de no sufrir un castigo directo en las urnas. Se calcula que en Córdoba hay 9.000 viviendas ilegales, una enorme bolsa de votos.

La situación ha cambiado o, al menos, ha empezado a cambiar. La demolición de Obejo supone un cambio sustancial en la aplicación de la medida extrema que contempla la legislación: el derribo de la vivienda edificada. En adelante, quien levante viviendas sabe que entre las opciones probables, aparte de las multas millonarias que actualmente se imponen, también está la desaparición física de la vivienda. Hace apenas unos años, la multa era de apenas del 10 por ciento del presupuesto de la edificación que todos los propietarios pagaban gustosos a cambio de la tranquilidad futura. Hoy, la sanción puede llegar a ser del 300 por ciento de lo edificado si se encuentra en suelo protegido.

La Gerencia de Urbanismo tiene vigente desde el mes de febrero de 2004 una orden para demoler una vivienda en el Cerro de San Cristóbal. La cuestión es que, al ser un acto administrativo, tiene abierta la vía de recurso por lo contencioso administrativo, de forma que desde que se tomó la decisión hasta que se pueda llevar a cabo (si es que es refrendada por todas las instancias judiciales) pueden pasar años. Curiosamente, esa zona es mucho más sensible medioambientalmente que la parcelación Pedrique, donde ayer se derribaron cinco viviendas.

No deja de ser paradójico, también, que todos los intentos por derribar las viviendas de nueva planta levantadas en el entorno BIC de la zona de Medina Azahara hayan topado hasta el momento con el criterio judicial. Ningún propietario de la zona que se ha sentado en el banquillo ha sido condenado y los jueces han optado, hasta el momento, por preservar las casas. Se trata de decisiones que pueden ser rebatidas por instancias superiores. Sin embargo, estas sentencias han sido acogidas como pequeñas victorias para los propietarios de la zona. Un juzgado decidió, del mismo modo, dejar en pie una vivienda construida a escasos metros de los Baños de Popea, una zona de fuertes valores medioambientales. La tesis de los tribunales es que el delito lo comete el primer propietario que hace la vivienda pero que quien construye en medio de un núcleo irregular no comete un delito penal.

La cuestión clave es que el criterio judicial hoy es éste, pero mañana puede ser distinto. Hace apenas unos años, los tribunales no condenaban a parcelistas al no considerarlos como promotores de sus viviendas. Se aseguraba que si las instituciones públicas no hacían su trabajo, no tenía que ser el Poder Judicial quien solventara la situación. Una junta de magistrados cambió el criterio al considerarse que si las administraciones habían modificado su criterio, era hora de tener un discurso legal acorde con las preocupaciones sociales. La demolición de cinco viviendas en Obejo abre esa vía de trabajo de mayor rigor legal.