El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reconocido el derecho de los guardias civiles destinados en el Centro Penitenciario de Córdoba a ser indemnizados por el desplazamiento al lugar de trabajo. Los agentes elevaron numerosas solicitudes para que se repusiera el transporte colectivo o se les indemnizara por usar sus propios coches.

Según informó ayer la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), cuando se inauguró la prisión en julio de 2000 los guardias allí destinados disponían de un vehículo oficial para desplazarse desde la ciudad hasta dicho lugar de trabajo, distante 17 kilómetros del núcleo urbano. Sin embargo, este medio se suprimió tan sólo tres meses después, en octubre del mismo año, por orden del entonces jefe provincial, el teniente coronel Rafael Daza.

Como consecuencia de esta medida, los componentes de la Unidad de Seguridad del Centro Penitenciario (USCP) se vieron obligados a desplazarse en sus vehículos particulares, mientras que los servicios jurídicos de la AUGC entendían que la decisión del director general "era contraria a derecho y muy perjudicial para los afectados", por lo que decidieron interponer varios recursos contencioso-administrativos ante el TSJA.

La sentencia del alto tribunal andaluz reconoce ahora el derecho de los guardias civiles destinados en la Prisión Provincial a ser indemnizados por los desplazamientos realizados con sus vehículos particulares hasta el centro. Por tanto, ahora deberán recibir cantidades económicas que oscilan entre los 1.700 y los 2.000 euros, más los intereses legales correspondientes. La indemnización se circunscribe a un período de dos años, porque posteriormente se revocó la orden.