La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita penas que suman 12 años de prisión para tres ganaderos de Palma del Río que, supuestamente, provocaron un brote de brucelosis vendiendo queso fresco contaminado que afectó a un centenar de personas. Los hechos se produjeron a mediados del año 1999 y se juzgarán próximamente, tras una década de espera.

Según relata el fiscal en su informe provisional de acusación, el procesado I. M. M. era propietario de 111 cabezas de ganado caprino en la finca El Coscojal en el periodo comprendido entre el inicio del segundo semestre de 1998 y abril de 1999. Sin embargo, desde el 4 de junio de 1997, ninguna de las reses había pasado los preceptivos controles sanitarios de periodicidad anual. Esta falta de control -según el Ministerio Público- "propició que entre la cabaña se desarrollase la enfermedad conocida como brucelosis", también llamada como fiebre ondulante o de malta.

Con la leche procedente de las cabras, el acusado R. R. L. -que trabajaba para el otro como encargado de la finca- y su suegro -A. F. F., un ganadero jubilado- procedieron a elaborar queso fresco y a comercializarlo "sin pasar control sanitario alguno". Los procesados vendieron el producto por bares, tiendas y de puerta en puerta, lo que hizo que la bacteria se propagara sin control por la localidad. Y, de inmediato, los afectados empezaron a sufrir fiebres intermitentes, dolor de cabeza, debilidad, sudor profuso, escalofríos y dolores generalizados.

El origen de la infección salió a la luz pública el 6 de abril de 1999, después de que los ganaderos solicitaran una autorización administrativa para trasladar a los animales, permiso que fue denegado por la falta de control sanitario desde 1997. Los afectados permanecieron una media de 45 días de baja por la enfermedad, aunque los más graves no pudieron volver a la normalidad hasta transcurridos más de 200 días.

Los pacientes promovieron la creación de la Asociación de Afectados por la Brucelosis de Palma del Río, un colectivo que ejercerá la acusación particular. El colectivo apunta como responsables de los hechos a 11 personas por un presunto delito contra la salud pública y solicita condenas que suman nueve años de prisión.

El Ministerio Fiscal, por su parte, reclama indemnizaciones que superan los 2,5 millones de euros para todos los afectados por las lesiones y sus secuelas. Los síntomas, de hecho, pueden persistir durante varios años, así como sus secuelas, que van desde meningitis a lesiones lumbares, desde abortos hasta lesiones cardíacas o embolias.

La instrucción del caso de brucelosis motivó una gran consternación entre los denunciantes debido a las demoras y a las dificultades técnicas. El centro de salud de Palma del Río remitió en su día los partes médicos al Juzgado de Guardia de Posadas. Aunque algunos afectados también denunciaron los hechos de manera individual, el procedimiento judicial no se puso en marcha hasta el 25 de mayo de 2000, cuando se abrieron las diligencias en el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad de Posadas.