Sin que exista una excusa, una explicación mínimamente convincente, las instituciones llevan ya diez meses con el documento clave del Centro de Congresos de Córdoba absolutamente paralizado. En principio, todas las miradas apuntan al Ministerio de Fomento, que es la institución que lleva meses encargada de desbloquear uno de los asuntos que hay solventar antes de que el acuerdo financiero definitivo pueda llevarse a cabo. Los servicios jurídicos están aún dando cuenta del acuerdo alcanzado entre el Consistorio y la Secretaría de Estado de Transportes -cuya titular es la ex consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez- para liberar al Consistorio de sus obligaciones con la remodelación del aeropuerto.

Desde el Ayuntamiento, se asegura que todo depende de un mero informe jurídico sobre un asunto que tiene el visto bueno de la negociación de los responsables políticos y que, en realidad, es bastante sencillo: asumir el coste de la participación municipal en el proyecto -7,4 millones de euros- para que el Consistorio pueda derivar esa cantidad a la financiación del centro de congresos. El Ayuntamiento dispone del dinero producto de un crédito solicitado el año pasado y no ha llegado a aportarlo como consecuencia del impás al que se llegó tras la negociación realizada por Rosa Aguilar y Concepción Gutiérrez.

El mapa de la financiación definitiva del Palacio del Sur se cerró en junio del año pasado mediante negociaciones directas entre las instituciones implicadas. Recién nombrado el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se acordó la aportación -ya avanzada por Manuel Chaves- del 18 millones de euros para el proyecto reformado de Rem Koolhaas, una vez eliminado el hotel de gama alta, parte del centro de congresos y un aparcamiento subterráneo que encarecían el proyecto. El Ministerio de Industria anunció también la aportación de nueve millones de euros (a los que se le suma como aportación gubernamental indirecta el dinero que el Consistorio iba a poner para el aeropuerto).

La Gerencia de Urbanismo dice tener preparada toda la documentación necesaria para licitar el proyecto. El problema sustancial es que, antes de eso, es preciso celebrar un Pleno municipal para comprometer la suficiente financiación en varias anualidades, una iniciativa que cuenta con la opinión negativa del PP, que entiende que el Consistorio no está en disposición de aportar casi el 60% de los 67 millones de euros previstos. Previamente al Pleno, hay que firmar el convenio de financiación, que es lo que falta.

Las dos entidades que han aportado dinero para el proyecto son el Ayuntamiento -que pagó las expropiaciones, los diseños, las catas arqueológicas y una serie de actuaciones previas- y el Ministerio de Industria, que ha llegado a subvencionar con cinco millones de euros una iniciativa que aún no cuenta con un proceso de contratación en firme. El cronograma municipal pasa por empezar la obra a finales de año para poder terminar la actuación en 2013 si se cumple el calendario.