Córdoba

Las familias de las niñas víctimas de abusos demandan a la Administración

  • Los padres entienden que se incurrió en una irresponsabilidad al no grabar el primer juicio que condenó a su profesor

Las familias de las niñas que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de un profesor en el colegio de los Salesianos del municipio de Pozoblanco estudian presentar una demanda de responsabilidad patrimonial ante la Junta por no grabarse el juicio que tuvo lugar en enero de 2007, caso por el que inicialmente fue condenado a cinco años de prisión. La pérdida de la grabación supuso que se repiera el juicio, pero una segunda sentencia, en base a una conformidad entre las partes para evitar que las niñas volvieran a tener que declarar, supuso la condena del profesor a dos años de cárcel.

El abogado de las familias, Luis Serrano, explicó que van a plantear una reclamación patrimonial "por el mal funcionamiento del servicio y por los perjuicios ocasionados porque en la última sentencia no se condena en costas, lo que supone además que los afectados tengan que pagar los gastos del letrado", como consecuencia de no haberse grabado el juicio, ya que la anterior la sentencia sí incluía este hecho.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba condenó definitivamente el pasado mes de diciembre a dos años de prisión al acusado -A. M. C., de 52 años- como autor responsable de dos delitos continuados de abusos sexuales a dos alumnas, menores de edad.

Este caso fue ya juzgado con anterioridad el 26 de enero de 2007, pero al no grabarse en el ordenador la vista oral, se decidió volver a celebrarlo, a pesar de que el juez condenó en su momento al profesor a dos años y medio de cárcel por cada uno de los delitos, es decir cinco años, además de a otros tres años de alejamiento de las dos menores y 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil. No obstante, y según explicó el letrado Luis Serrano, "para evitar que las niñas vuelvan a pasar de nuevo por lo mismo", con la celebración de otra vista oral, las partes llegaron a un acuerdo y el pasado 3 de diciembre de 2007 se dictó la sentencia definitiva.

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