El exgerente de mantenimiento de ADIF en Córdoba en 2007, Enrique Finch, negó ayer haber pedido dinero "encubierto" para agilizar las obras de construcción de un polígono industrial en Andújar (Jaén) por parte de la empresa CM Brillante; ésta ha valorado las pérdidas en el retraso de la ejecución del proyecto en 2,8 millones de euros. El acusado, para el que el fiscal pide una pena de cuatro años de cárcel y 400.000 euros de multa, negó este hecho durante la primera sesión del juicio con jurado que comenzó en la Audiencia Provincial. En su declaración, el exgerente también incidió en sus respuestas a todas las partes que la empresa ejecutora de las actuaciones "nunca entregó" la documentación completa con todos los requisitos.

La citada compañía, que se puso en marcha en 1996, compró los terrenos en 2006 en una zona cercana a unas vías en el citado municipio de la provincia de Jaén, para lo que era necesario que se cumplieran una serie de medidas y requerimientos por parte de ADIF. El proceso comenzó en 2006, pero en 2010 la construcción del polígono no se había concluido. A respuestas de la fiscal, Finch aseguró que la empresa "nunca entregó la documentación con los requisitos, que siempre han sido los mismos". Ante la tardanza en las respuestas por parte de la compañía y la presentación de los documentos necesarios, el imputado consideró que "hay cosas que tardan en responder un año, y otras tres meses".

También a preguntas de la fiscal, el acusado reconoció que mantuvo un par de encuentros con el responsable de la compañía, incluida una comida en un conocido restaurante de la capital en octubre de 2010, donde supuestamente pidió 180.000 euros para concluir el proceso. "Nunca jamás he pedido dinero", sentenció a la fiscal, al tiempo que incidió en que "nunca he requerido dinero" y consideró que el hecho de ir a comer al restaurante fue "una cortesía".

Fue en respuestas a la acusación particular, cuando el procesado reconoció que está imputado en otro procedimiento por cohecho en la Audiencia Nacional, además de detallar qué pasos se seguían cada vez que una empresa no completaba la documentación requerida. Así, "se le informa de que tiene un plazo de diez días y si no responde, se extingue y tiene que hacer otra solicitud" para continuar con el proceso. En el caso de CM Brillante, el dinero que había puesto por avales y trámites de autorización rozaba los 180.000 euros, una cuantía que, según digo Finch, "se devolvió en varias fases". También explicó que desde su área de trabajo en ADIF se presentó una denuncia a la Delegación del Gobierno de la Junta porque la obra se estaba ejecutando sin las correspondientes licencias

El exgerente, además, negó que falsificara una carta dirigida a la empresa que, presuntamente, se imprimió un día antes de que fuera redactada. Unos hechos, por los que Finch fue rebajado de categoría laboral en ADIF y, más tarde, despedido, aunque recurrió el juicio y lo ha ganado en dos instancias.

La defensa de Finch, por su parte, explicó que de todos los expedientes tramitados por el exgerente durante su trayectoria profesional "es la primera denuncia de estas características" que ha recibido.