La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por su supuesta vinculación con una trama de explotación laboral de jornaleros en fincas de Córdoba y Sevilla durante la campaña de recolección y cuya red ha sido desarticulada.

La investigación se inició a finales de mayo por parte de agentes del Grupo ROCA de Carmona (Sevilla) tras personarse una serie de trabajadores ante la Guardia Civil para denunciar que habían estado trabajando en la recolección de ajos, "sin haber cobrado por ello, ni tampoco habían sido dados de alta en la Seguridad Social", según informa en un comunicado el Cuerpo.

Los investigadores consideran probados supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores, de modo que los detenidos, durante el confinamiento por la pandemia del covid-19, "actuaban de intermediarios con agricultores con necesidad de personal para la recolección de ese producto y conseguían cuadrillas a cuyos peones no daban de alta en la Seguridad Social".

Los agricultores también eran estafados por los miembros de la red, ya que dicha organización les ofrecían servicios de recolección, tramitación de documentación a la Seguridad Social y seguros sociales, "sin que los agricultores tuviesen conocimiento de la ilegalidad con que estas personas actuaban". Tanto es así que "a veces, incluso llegaban a pagar por segunda vez por los trabajos realizados, pero en esta ocasión a los trabajadores directamente".

La organización delictiva captaba a personas extranjeras sin residencia legal en España, por lo que no podían ser dadas de alta en la Seguridad Social, "quedando a merced de lo que el contratante les quisiera pagar por su trabajo, pudiendo de este modo vulnerar los derechos que cualquier trabajador por ley tiene en este país".

En cuanto al modus operandi, utilizaban contactos anteriores, ofreciendo trabajos como manijeros o mediante publicación de anuncios a través de conocidas páginas web de anuncios. Tras la conformación de las plantillas, se les facilitaba la ubicación de las explotaciones donde iban a realizar los trabajos y en la mayoría de los casos detectados, los trabajadores no llegaban a cobrar por las jornadas trabajadas.

Con toda la documentación aportada por perjudicados y otros testigos, entre las que figuran listas manuscritas con filiaciones de personas que supuestamente estuvieron realizando trabajos en las fincas de Sevilla y Córdoba, los investigadores han constatado al menos 161 personas trabajando (paraguayos, hondureños, rusos, nicaragüenses, senegaleses y españoles, entre otras nacionalidades).

De ese total, 45 han decidido testimoniar o denunciar; algunos se encuentran cobrando subvenciones y los inmigrantes irregulares temen a ser expulsados, ya que en su mayoría no tienen residencia legal en España.

Cuando iban a las fincas, los autores de la trama se protegían con seguridad privada por temor a ser agredidos por los trabajadores que ya los conocían de trabajos anteriores. Las diligencias instruidas ha sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Carmona.