Niños que viven en el centro de trabajo de sus padres o en locales sin actividad alguna, o pequeños que, de la noche a la mañana, no viven en el domicilio habitual, sino en casa del tío o de la tía. Son algunos de los recursos a los que las familias recurren para poder optar a un centro escolar determinado, pero que no les corresponde por aquello de que no tienen puntos suficientes. La dificultad que entraña en muchas ocasiones lograr una plaza ha llegado a provocar que matrimonios simulen una separación, cambien de domicilio de forma temporal o lleguen a crear una empresa fantasma para acreditarla como domicilio laboral.

Pues bien, la Unidad de Policía Adscrita a la Junta ha iniciado su campaña anual de detección de fraudes y en Córdoba ya ha detectado siete casos correspondientes, eso sí, al proceso de escolarización 2018-2019. Según los datos ofrecidos por la Junta, la de Córdoba es una de las provincias en las que menos casos se han registrado en este periodo, seguida de Jaén, con nueve. A gran distancia se encuentran los casos detectados en provincias como Granada, un total de 78, Sevilla, con 112, y Almería, con 139.

Ha habido casos de que matrimonios simulen una separación para obtener más puntos

Con esta actuación policial lo que se pretende es verificar que los datos de empadronamiento aportados por las familias constituyen el domicilio real o laboral de los mismos o si, por el contrario, se incurre en algún tipo de fraude que pudiera dar lugar a una errónea asignación de puntos por parte de la Administración a la hora de confeccionar el listado de alumnos admitidos.

La Junta ha destacado que con estas actuaciones se pretende evitar el “grave perjuicio” que se les causa a las familias cuyos hijos se quedan sin plaza en el centro educativo que les corresponde por residencia al ser ocupada por personas que han falseado los datos reales de empadronamiento con el objeto de que los niños puedan estudiar en un centro distinto al que les correspondería.

Retirada de puntos desde 2011

Ante los numerosos casos de fraude por la presentación de domicilios falsos que se registraban hace años, el decreto de escolarización de la Consejería de Educación incorporó en 2011 una medida con la que penalizaba a las familias que acreditasen documentos que no sean reales.

Así las cosas, la norma establece la pérdida de todos los derechos de prioridad al centro solicitado y no sólo, como se hacía hasta entonces, de los puntos referentes a la parte de la baremación donde se detecta el fraude. En estos casos, Educación asigna una plaza vacante de oficio al menor. La entrada en vigor de este decreto ha hecho que el número de fraudes que se detecten haya bajado de manera considerable en todos estos años.

La voz de alarma en este asunto la dio el que fuera Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien en 2010 pidió a la Consejería de Educación que actuase contra el fraude en la escolarización. La llamada de atención se produjo después de la avalancha de denuncias ante esta institución por parte de plataformas de padres que se quedaban sin poder matricular a sus hijos en el colegio deseado por los datos flagrantes que empadronaron a sus hijos en la casa en la que trabajaban para escolarizarlos en el colegio más cercano. Es más, algunas familias llegaban a contratar a detectives para investigar si los datos eran o no correctos.

Eso sí, estas “artimañas” dejaron de ser frecuentes cuando en 2009 la Consejería de Educación estableció que la reagrupación familiar, es decir, tener hermanos en el colegio o escolarizarlos a la vez en uno, sería la condición que más puntuación otorgase. Un baremo que se mantiene.

La mayor parte de estas denuncias se registraban entre familias que optaban a una plaza en colegios de régimen concertado.

44 plazas de oficio

La Delegación de Educación, por otra parte, ha asignado este año 44 plazas de oficio en el proceso de escolarización, es decir, que tras todo el proceso y reclamaciones presentadas se les ha concedido este puesto el puesto en un centro que no ha sido elegido por las familias. En el proceso de escolarización del curso 2019-2020, más de 2.300 plazas se han quedado vacías por falta de solicitudes.

Tal y como ya informó la Delegación de Educación, el 95,34% de las familias han obtenido plaza en los centros solicitados como prioritarios para sus hijos. Este porcentaje se eleva casi al cien por cien al sumarse la obtención de plaza en algún otro centro solicitado como subsidiario.

Este año se han presentado 6.673 solicitudes para niños de tres años, de las que 6.246 han sido admitidos en la primera petición y el resto, en alguno de los centros elegidos por las familias. Para el alumnado de tres años que se escolariza el próximo curso, la Consejería de Educación y Deporte ofertó el pasado mes de marzo cerca de 9.000 puestos escolares.