La persecución judicial contra los delitos urbanísticos está dando sus frutos, aunque todavía queda mucho por avanzar en esta disciplina. Las infracciones contra la ordenación del territorio cometidas el pasado año se redujeron casi un 50% con respecto al ejercicio anterior, si bien nueve de cada diez se concentraron en la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) de Medina Azahara. Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba relativa a 2007 a la que ha tenido acceso El Día, un ejercicio en el que los fiscales incoaron ocho procedimientos judiciales por delitos contra la ordenación del territorio, frente a los 14 registrados en 2006, los 33 de 2005 y los 25 de 2004.

Pese a esta destacada reducción, las actuaciones relativas al fenómenos de las parcelas ilegales fue el principal empeño de esta sección de la Fiscalía, pues tienen una importante incidencia en la provincia con una "evidente repercusión social". Para el Ministerio Público, este cambio de tendencia se debe al refuerzo de la persecución de las infracciones administrativas y al hecho de que sólo hayan prosperado los asuntos de más trascendencia penal.

A pesar de la disminución de las infracciones urbanísticas, la Fiscalía de Córdoba no baja la guardia en esta sentido, y realiza un especial seguimiento al espacio comprendido en la zona BIC, pues es precisamente donde se producen más delitos urbanísticos.

El informe recoge también que aunque a principios de 2007 la construcción de viviendas ilegales "casi desapareció", en el último trimestre de 2007 se reanudaron las infracciones en la zona, "lo que ha provocado la apertura de diferentes procedimientos".

A juicio de la Acusación Pública, y en respuesta a muchos argumentos esgrimidos por los jueces en sus sentencias absolutorias, "la delimitación de la zona declarada como BIC no es arbitraria ni caprichosa, sino que se realiza tras estudios técnicos y científicos que aconsejaban la ampliación del perímetro dado los conocimientos sobre su alcance y proyección".

El documento también recoge un cambio de tendencia en algunos jueces a favor de la lucha contra todo tipo de construcciones irregulares, pues han dictado sentencias condenatorias no solo en relación con el suelo de especial protección, sino también en los casos de terrenos no urbanizable, "lo que ha sido un gran logro". La Fiscalía también advierte sobre la actitud de los acusados, pues se conforman con el hecho y la pena a imponer, pero no con la demolición de la vivienda.

El Ministerio Público alerta asimismo del aumento de la presión urbanística en el entorno de la Sierra de Córdoba, declarada gran parte como espacio de especial protección. "Se han logrado algunas sentencias condenatorias pero en ningún caso la demolición, alegando razones de desequilibrio y desproporción". El derribo de una casa en el cerro San Cristóban viene motivado por una decisión de Urbanismo.

En cualquier caso, la Fiscalía valora los fallos que se están dictando en aras a la persecución eficaz de los delitos contra la ordenación del territorio, "así como la mayor conciencia social que, por la repercusión mediática de estas sentencias, se está generando". Del mismo modo, también considera que los ayuntamientos y, en su caso, la Junta de Andalucía, poseen competencias y los medios para prevenir "desde el inicio" las construcciones en suelo no urbanizable.

Precisamente para frenar la proliferación de viviendas ilegales en Córdoba, la Audiencia Provincial acordó en marzo de este año endurecer las sentencias contra los parcelistas. Con este cambio de criterio, los magistrados castigarán las nuevas construcciones ilegales existentes y ordenarán el derribo cuando los dueños muestren una actitud de desobediencia. El requisito indispensables es, en todo caso, que lo solicite el fiscal, una circunstancia que es habitual.