Un total de 133.960 personas viven en la provincia con menos de 475 euros al mes, lo que supone que uno de cada seis cordobeses esté en riesgo de exclusión social, según manifestó ayer el delegado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), Valentín Aguilar, durante la presentación del informe realizado por esta ONG con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con estos datos, en la última década, a pesar del proceso de crecimiento económico mantenido que ha habido, los índices de exclusión social y de desigualdad no se han reducido. Las cifras permanecen enquistadas en la provincia y se mantienen otro año más en el 4,09% de la población de la capital; es decir, que unas 13.000 personas se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Asimismo, Aguilar manifestó en este sentido que en Andalucía un 30% de la población vive por debajo de este índice, lo que significa que la Comunidad está diez puntos por encima de la media nacional.

Con los datos actuales cabe precisar que de las 133.960 personas que viven en riesgo de exclusión social, el 36%, unas 48.756, cobran una pensión de viudedad de menos de 471 euros, una de las más bajas de Andalucía y España, según APDH. De otro lado, algo más de 83.000 cordobeses, el 61%, accede a una pensión no contributiva, que otorga la Junta de Andalucía para complementar las prestaciones mínimas, y cuyo importe es 366 euros. A este número hay que sumarle los perceptores de salario social, unas 2.120 personas, el cual asciende a 363 euros. Por otro lado, Aguilar manifestó que en Córdoba "tampoco hay posibilidad de acceso a una vivienda para gran parte de la población", ya que los criterios de selección "son injustos" y además "hay una ausencia total de política social con respecto a este tema". Además, criticó que cada vez hay "más movimientos por parte de ciudadanos que pretenden excluir a los colectivos más perjudicados", y citó a los vecinos de Levante, que "no quieren que se construyan viviendas sociales en el barrio", o a los del parque Figueroa, que "protestaron contra la regularización de inmigrantes en la comisaría del barrio", entre otros.

En cuanto a la inmigración, la secretaria de APDH-A en Córdoba, María José Serrano, denunció la situación de este colectivo en la provincia, ya que las administraciones municipales hacen una gestión "utilitarista" de las políticas migratorias, basada en "el interés económico", y obvian "otros intereses socioculturales que pueden aportar estos colectivos".

En cuanto a los ciudadanos de la Unión Europea de nacionalidad rumana, Serrano criticó las campañas que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en los últimos años contra la mendicidad infantil, ya que "sólo han conseguido marcar socialmente a estas personas, favoreciendo que surjan actitudes indeseables". Por otro lado, valoró las iniciativas impulsadas en el ámbito socieducativo para los niños rumanos gitanos y los pisos de inserción, aunque destacó la necesidad de aumentar este tipo de actuaciones en el futuro.